La soberanía electoral no es un slogan de campaña. Es un principio fundacional del Estado de derecho que Colombia ha defendido en su constitución desde 1991. Por eso el cuestionamiento del presidente Gustavo Petro a la interferencia de potencias extranjeras en decisiones electorales domésticas merece ser examinado sin las capas de polarización que suelen envolver estos temas.
El mandatario expresó su preocupación sobre la injerencia de gobiernos externos en procesos internos. Su argumento es directo: cuando un Estado interviene en las decisiones de otro, se erosiona la libertad política. La premisa es sólida desde la teoría política clásica. El problema es que la aplicación de ese principio debe ser consistente, no selectiva.
Colombia ha experimentado históricamente presiones de actores externos. Durante décadas, gobiernos y grupos de poder han buscado influir en decisiones nacionales desde Washington, La Habana o Caracas. Eso es un hecho documentado. Pero también lo es que gobiernos colombianos —de distintos colores— han solicitado y aceptado esa influencia cuando les conviene. La diferencia entre presión legítima y interferencia ilegítima no siempre es clara en los hechos, aunque sí lo sea en los principios.
Lo que Petro plantea toca un nervio real: ¿cuándo termina la diplomacia y comienza la injerencia? ¿Cuándo un respaldo público a un candidato cruza la línea? No hay respuesta única. Depende del contexto, de quién lo hace y de cómo se hace. Un comunicado de prensa es diferente de financiamiento encubierto. Una declaración de apoyo es distinta de presión sobre instituciones electorales.
Lo que no puede ocurrir es que el gobierno use el argumento de la soberanía de forma táctica. Si Petro objeta la interferencia externa en política electoral colombiana, debe ser consistente: eso incluye presiones de gobiernos amigos, financiamiento de fundaciones internacionales alineadas con su proyecto, o influencia de asesores externos en decisiones de política pública. La soberanía no tiene matices ideológicos.
El Estado de derecho exige que las reglas sean iguales para todos los actores políticos. Si la interferencia es mala cuando viene de Washington, también lo es cuando viene de La Habana, Caracas o Pekín. Si es cuestionable cuando beneficia a la oposición, también debe serlo cuando favorece al gobierno.
El verdadero test de una democracia no es si un presidente critica la injerencia externa cuando le perjudica. Es si mantiene esa crítica cuando le beneficia. Hasta ahora, el gobierno Petro no ha mostrado esa coherencia. Ha aceptado respaldo de gobiernos autoritarios en temas de política exterior, ha recibido asesoría de actores internacionales en diseño de políticas, y ha buscado apoyo diplomático de potencias amigas para sus iniciativas.
La defensa de la soberanía electoral es legítima. Pero debe ser universal. No puede ser un escudo que se levanta solo cuando conviene y se guarda cuando no. Eso no es principio. Es conveniencia disfrazada de doctrina.
Colombia necesita instituciones electorales fuertes, autónomas y blindadas contra presiones externas de cualquier origen. Necesita leyes claras sobre financiamiento de campañas que cierren puertas a dinero internacional. Necesita transparencia en las fuentes de influencia política. Eso es lo que fortalece la soberanía real, no los discursos cuando los vientos políticos soplan en contra.