Abelardo de la Espriella formuló acusaciones graves contra el presidente Gustavo Petro e Iván Cepeda por las amenazas recibidas por Johnnathan Alvear, coordinador de su campaña en Yumbo. Según reportó Infobae, la campaña de Defensores de la Patria denunció que Alvear recibió una corona fúnebre, un elemento balístico y un mensaje intimidante el 25 de mayo de 2026.
La denuncia contiene un problema de atribución que debe señalarse con claridad. De la Espriella responsabilizó públicamente a Petro y Cepeda de los hechos, utilizando términos como “cómplices” e “insisten en imponer el miedo”. Sin embargo, la campaña no presentó evidencia que vincule directamente a estos funcionarios con las amenazas. La acusación se formula sin mediación de autoridades investigativas, sin presentación de pruebas y sin que conste denuncia formal ante la Fiscalía que establezca tal nexo.
Este es un punto crítico en el análisis. Cuando un candidato presidencial atribuye responsabilidad penal o política a funcionarios del Estado por hechos delictivos, la carga de la prueba es exigente. La campaña señaló que “los bandidos del Valle del Cauca” perpetraron las amenazas, lo que sugiere responsabilidad de actores criminales. Luego, sin transición lógica, trasladó esa responsabilidad a Petro y Cepeda.
La acusación de complicidad requiere demostración. ¿Existe comunicación entre los acusados y los perpetradores? ¿Hay transferencia de recursos? ¿Consta coordinación en actas, mensajes o testimonios? Ninguno de estos elementos aparece en el comunicado de la campaña.
Es válido que Defensores de la Patria denuncie amenazas contra sus miembros. La seguridad de los activistas políticos es un asunto legítimo de preocupación pública. La corona fúnebre y el elemento balístico son hechos que, de estar confirmados, merecen investigación inmediata por parte de la Fiscalía, la Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección. Esa demanda es procedente.
Lo que no es procedente es la acusación política sin fundamento. De la Espriella pidió que la comunidad internacional “pose sus ojos sobre Colombia” y mencionó asesinatos previos de coordinadores en Meta. Si existen patrones de violencia letal contra su campaña, esos casos deben estar en manos de la justicia penal. ¿Constan denuncias formales? ¿Hay investigaciones abiertas? ¿Se han identificado responsables?
El llamado a la observación internacional es legítimo cuando hay riesgo electoral sistemático. Pero también requiere documentación. Las misiones de observadores no operan sobre acusaciones de candidatos; operan sobre datos verificables, reportes de autoridades y patrones documentados.
La Fiscalía y la Policía tienen la responsabilidad de investigar las amenazas contra Alvear. Si encuentran responsabilidad de funcionarios públicos, la acción penal seguirá su curso. Pero eso no puede ser prejuzgado por un candidato en una red social, especialmente cuando la acusación es tan grave como la de complicidad con grupos armados.
Desde la perspectiva editorial de este medio, la separación de poderes exige que las acusaciones de este calibre no se resuelvan en la arena política sino en la justicia. De la Espriella tiene derecho a exigir investigación. No tiene derecho a condenar sin proceso.
Lo que sí debe examinarse es si existe un patrón real de amenazas contra candidatos y activistas de todas las tendencias. Si la violencia electoral es selectiva, eso es un problema de Estado. Si es generalizada, es un problema de orden público. Ambos requieren respuesta institucional, no acusaciones cruzadas sin prueba.
La campaña de Defensores de la Patria debe presentar sus denuncias ante la Fiscalía con toda la documentación disponible. La Fiscalía debe investigar. Si hay responsabilidad de Petro, Cepeda o cualquier funcionario, la justicia lo determinará. Mientras tanto, acusar sin prueba es política, no información.