La diplomacia de las catástrofes suele ser un terreno fértil para la cooperación técnica y la solidaridad hemisférica, pero también puede convertirse en un campo minado cuando se confunde la ayuda humanitaria con la proyección política. La reciente tensión entre Caracas y la administración entrante de Abelardo de la Espriella en Colombia ilustra con crudeza esta realidad. Tras el devastador doble sismo del 24 de junio en la costa norte venezolana, que según cifras oficiales ha cobrado más de 4.100 vidas, el gobierno de Nicolás Maduro ha marcado una línea roja explícita: la reconstrucción es una competencia exclusiva del Estado venezolano y no admite tutelas externas, mucho menos las que provengan de Bogotá sin un protocolo bilateral establecido.
La Cancillería venezolana reaccionó con «extrañeza» ante las declaraciones del presidente electo colombiano, quien afirmó en un acto público que la reconstrucción de Venezuela «tiene que hacerla Colombia». Más allá de la retórica, este episodio revela tres fracturas profundas en la relación binacional que trascienden la emergencia actual y tocan fibras sensibles de la geopolítica regional, la capacidad institucional y la doctrina de política exterior que debería guiar a Colombia en esta nueva etapa.
Soberanía versus proyección regional
Desde una perspectiva atlantista y pro-mercado, es comprensible que Colombia aspire a liderar procesos de estabilización en su vecindario inmediato. La seguridad y la prosperidad andina son bienes públicos regionales; si Venezuela colapsa o queda aislada, los costos los asumen Cúcuta, Arauca y La Guajira. Sin embargo, hay una diferencia abismal entre ofrecer capacidades técnicas en ingeniería, logística y gestión de riesgos —donde Colombia tiene ventajas comparativas demostrables— y declarar unilateralmente competencias sobre territorio soberano ajeno.
El comunicado de Caracas fue quirúrgico al señalar que «no está prevista articulación alguna» con el gobierno electo colombiano. Esta exclusión no es solo un desaire diplomático; es un cálculo de supervivencia del régimen. Al igual que en Nicaragua o Cuba, la narrativa de soberanía absoluta es el escudo ante cualquier percepción de injerencia. Para el chavismo, aceptar que «Colombia debe hacer la reconstrucción» sería admitir una incapacidad estructural que contradice décadas de discurso antiimperialista. En la práctica, esto significa que cualquier ayuda colombiana deberá pasar por filtros burocráticos densos y, probablemente, por la intermediación de terceros como Brasil o Estados Unidos, con quienes Caracas ya ha abierto canales de conversación para infraestructura.
La trampa de la diplomacia sin protocolos
El segundo error de cálculo radica en la forma. Anunciar en un evento público, y antes de asumir formalmente el mando pleno, que se planteará la situación al gobierno norteamericano como una suerte de gestión propia, activa todas las alarmas en Miraflores. La cooperación internacional efectiva en contextos autoritarios o híbridos requiere discreción, canales técnicos y respeto escrupuloso por los marcos legales del país receptor. No se trata de legitimar al régimen, sino de garantizar que la ayuda llegue a la población sin ser instrumentalizada.
Organizaciones como la Americas Society y el Council of the Americas han documentado repetidamente que los proyectos de infraestructura en la región andina fracasan cuando se politizan excesivamente. La reconstrucción pos-desastre requiere licitaciones transparentes, estándares antisísmicos verificables y mecanismos de auditoría independientes. Si la oferta colombiana se percibe como una extensión de la política partidista del presidente electo, perderá credibilidad técnica y viabilidad financiera. Los donantes internacionales y los bancos multilaterales, que serán la verdadera fuente de financiamiento para una obra de esta magnitud, exigen gobernanza, no declaraciones grandilocuentes.
El costo de oportunidad para la región andina
La tragedia venezolana es, ante todo, una crisis humanitaria que exige respuestas pragmáticas. Con casi un millar de edificios afectados y una necesidad urgente de vivienda y servicios básicos, el tiempo es un recurso escaso. La presidenta encargada Delcy Rodríguez ha anunciado un fondo inicial de 200 millones de dólares y ha convocado al sector privado nacional e internacional. Aquí existe una ventana de oportunidad real para empresas colombianas de construcción, cemento y servicios de ingeniería, pero solo si se desvinculan de la retórica política.
El eje Bogotá-Washington-Brasilia sigue siendo la arquitectura más sólida para canalizar recursos hacia Venezuela. Washington tiene la capacidad financiera y las licencias; Brasilia, la confianza política y la experiencia en integración física; y Colombia, la proximidad geográfica y el conocimiento del terreno. Excluir a Bogotá de la mesa de planificación, como ha hecho Caracas, es un síntoma de la desconfianza acumulada, pero también una señal de alerta para la nueva administración colombiana: la vecindad no otorga derechos automáticos, sino responsabilidades que deben ejercerse con inteligencia estratégica y paciencia institucional.
La reconstrucción de Venezuela será un proceso largo y costoso. Colombia tiene todo el interés en que sea exitosa, pero ese interés se defiende mejor con contratos, protocolos y respeto mutuo que con declaraciones que, aunque bienintencionadas, terminan reforzando los muros que dicen querer derribar. La Bitácora ha defendido siempre una política exterior profesional y alejada del populismo; hoy, esa defensa implica recordar que la soberanía del vecino se respeta incluso cuando se discrepa de su gobierno.