La diplomacia de las catástrofes suele ser una ventana de oportunidad para recomponer relaciones bilaterales fracturadas, pero en el caso de Venezuela y Colombia, la ideología sigue pesando más que la geología. Tras los devastadores terremotos del 24 de junio de 2026, el presidente electo Abelardo de la Espriella ofreció capacidades técnicas, ingenieros militares y apoyo del sector privado para la reconstrucción. La respuesta de Caracas fue un rechazo frontal, envuelto en una defensa de la soberanía que, en la práctica, deja a las comunidades afectadas sin asistencia especializada inmediata. Este intercambio no es solo un incidente protocolar; revela la profundidad de la desconfianza estructural y los límites de la cooperación hemisférica cuando prima la supervivencia política del régimen.
Soberanía como escudo ante la transparencia
El comunicado del equipo de transición colombiano fue cuidadoso. Se enmarcó en una “perspectiva exclusivamente humanitaria”, citando la necesidad de sumar capacidades ante tragedias que no distinguen fronteras. Sin embargo, la administración de Nicolás Maduro interpretó la oferta como una intromisión, afirmando que observó con “extrañeza” las declaraciones y reiterando que la recuperación corresponde “exclusivamente al Estado venezolano”. Más allá de la retórica, este rechazo tiene una lógica interna consistente con el modelo autoritario: aceptar ayuda técnica extranjera, especialmente de un vecino con el que se tienen tensiones políticas, implica abrir espacios de visibilidad internacional en territorios donde el control estatal es absoluto y opaco.
Desde una perspectiva de riesgo político, la negativa de Caracas es predecible. En regímenes donde la legitimidad se construye sobre la narrativa de resistencia ante amenazas externas, la dependencia de capacidades foráneas se lee como debilidad. A diferencia de lo que ocurre en democracias abiertas de la región, donde la asistencia internacional tras desastres naturales se gestiona mediante protocolos técnicos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) o mecanismos de la Comunidad Andina, en Venezuela la ayuda se politiza. El gobierno asegura tener los recursos necesarios y agradece el respaldo internacional de forma genérica, pero cierra la puerta a la articulación operativa con Bogotá. Esto sugiere que, de haber cooperación, esta se canalizará exclusivamente con aliados ideológicos o bajo contratos opacos que no permitan auditoría externa, replicando patrones documentados previamente por organizaciones de transparencia regional.
El costo de la desarticulación binacional
Para Colombia, la situación plantea un dilema estratégico que trasciende el gesto humanitario. La oferta de De la Espriella incluía ingenieros militares y sector privado, activos que Colombia ha perfeccionado tras décadas de gestión de emergencias y reconstrucción posconflicto. Al rechazarlos, Venezuela no solo pierde capacidad técnica, sino que obliga a Colombia a mantener una postura de espera indefinida. Esto es problemático porque la estabilidad de la frontera depende, en parte, de que el vecino pueda gestionar sus crisis internas. Un colapso infraestructural prolongado en el lado venezolano, exacerbado por la falta de respuesta estatal efectiva, termina generando presiones migratorias y de seguridad que se trasladan inevitablemente hacia Cúcuta, Arauca y La Guajira.
Es necesario ser escépticos tanto de la instrumentalización política de la ayuda como de la soberanía entendida como aislamiento. Cuando un régimen viola derechos civiles básicos y carece de legitimidad democrática, invocar la no intervención para rechazar asistencia vital a su propia población es una contradicción ética y práctica. La comunidad internacional, y especialmente los socios atlantistas de Colombia, deben entender que en contextos autoritarios, la ayuda humanitaria no puede seguir los canales tradicionales de Estado a Estado sin convertirse en propaganda. Se requieren mecanismos multilaterales que garanticen la distribución basada en necesidades técnicas y no en lealtades políticas.
Lecciones para la política exterior entrante
El gobierno electo de Colombia acierta al mantener la disposición de cooperar y al aclarar que no busca desconocer la soberanía vecina. Es la postura correcta desde el derecho internacional y la decencia hemisférica. Sin embargo, el episodio confirma que la relación con Venezuela no se normalizará por la vía de la buena voluntad unilateral. La realidad es que Caracas prefiere gestionar la tragedia en soledad antes que permitir que ingenieros colombianos pisen su territorio, incluso si eso significa una reconstrucción más lenta y costosa para sus ciudadanos.
De cara al futuro, la administración De la Espriella deberá calibrar sus expectativas. La cooperación con Venezuela seguirá siendo asimétrica y condicionada por la paranoia del régimen. Mientras tanto, Colombia debe fortalecer sus propios protocolos de contingencia fronteriza y buscar, en coordinación con Washington y Bruselas, fórmulas de asistencia que bypassen la burocracia chavista sin abandonar a la población civil. La solidaridad es un imperativo moral, pero en la geopolítica regional, también debe ser una estrategia inteligente que no entregue dividendos políticos a quienes utilizan el sufrimiento de su pueblo como moneda de cambio ideológica. Los terremotos no tienen ideología, pero la respuesta de los Estados, lamentablemente, sí la tiene.