Iván Cepeda publicó el 30 de junio un documento de 12 puntos en el que condiciona el reconocimiento de Abelardo de la Espriella como jefe de Estado a cuatro requisitos: renuncia a la ciudadanía estadounidense, esclarecimiento de sus presuntos vínculos con agencias de seguridad de ese país, respeto a la soberanía nacional y desistimiento de cualquier iniciativa de extradición contra el presidente Gustavo Petro. De no cumplirse esas condiciones, según reportó Opinión Caribe, el senador convocará a desobediencia civil pacífica.
La propuesta es políticamente relevante y jurídicamente problemática. Cepeda tiene todo el derecho a cuestionar la doble nacionalidad del candidato y a pedir aclaraciones sobre su pasado profesional, incluida su defensa del empresario Alex Saab entre 2013 y 2019. Pero convertir esas preguntas en condiciones unilaterales para aceptar una posesión presidencial es otra cosa. Esa decisión no corresponde a un senador: corresponde, en su momento, al Congreso pleno que toma juramento, a la Corte Constitucional que avala la transición y, en última instancia, al cuerpo electoral que ya votó.
El punto más delicado es el llamado a desconocer órdenes de un gobierno constitucional. No se trata de un ejercicio de oposición, que es legítimo y necesario. Se trata de organizar, desde hoy, la negativa a acatar decisiones de un poder público que, según el calendario electoral, aún no existe como tal. Esa diferencia es la que marca la frontera entre disenso y ruptura.
Hay además una inconsistencia de fondo. Cepeda denuncia una supuesta injerencia de agencias estadounidenses, pero condiciona su lealtad institucional a la decisión de una autoridad extranjera sobre la ciudadanía de un colombiano. Quien reclama soberanía termina entregando a un juez de otro país la llave de la legitimidad presidencial. La paradoja no es menor.
También lo es el momento. El documento se publica con la campaña aún reciente, sin que las instancias de transición hayan empezado a operar, y con investigaciones mencionadas —como la supuesta pesquisa de fiscales de Brooklyn sobre Petro— que el propio Cepeda presenta como versiones periodísticas, no como hechos comprobados. Construir un llamado a la desobediencia sobre conjeturas eleva el costo institucional sin reducir la incertidumbre.
Colombia necesita que la transición se dispute en el Congreso, en los tribunales y en la opinión, no en las calles. Si Cepeda tiene证据 sobre la doble nacionalidad o los supuestos vínculos con la DEA o la CIA, el camino es la denuncia formal ante la Fiscalía, la Procuraduría o la Corte Suprema, no un manifiesto político. Y si lo que busca es impedir la posesión, la herramienta constitucional es el recurso ante la Corte Constitucional por inhabilidades, no la convocatoria a desobediencia.
Anunciar la desobediencia antes de que se configure el hecho que la justificaría es, en sí mismo, un acto político grave. Normaliza la idea de que un senador puede vetar a un presidente elegido y arrastra a sus seguidores a un terreno donde el derecho no protege a nadie. Ni al que protesta ni al que gobierna.
La defensa de la soberanía y de la independencia judicial —banderas que esta columna comparte— no se ejerce con amenazas de ruptura. Se ejerce con instituciones, con pruebas y con argumentación jurídica. Cepeda debería saberlo: lleva quince años en el Congreso.