Iván Cepeda utilizó el cierre de su gira de agradecimiento en Cali para fijar dos puntos que merecen lectura cuidadosa. Primero, la convocatoria explícita a lo que denominó “desobediencia civil pacífica” contra el gobierno de Abelardo De La Espriella, aún no posesionado. Segundo, la propuesta de un homenaje nacional al presidente Gustavo Petro el 6 de agosto, un día antes del fin de su mandato.
La convocatoria a la desobediencia civil se apoya en cuatro cargos que Cepeda enumeró contra el próximo presidente: supuesta entrega de soberanía a Estados Unidos, derogación de las reformas sociales, debilitamiento del Estado social de derecho y persecución a la oposición. La asimilación del concepto a las estrategias de Nelson Mandela y Martin Luther King, tal como la recogió Portafolio, es una operación retórica delicada: ambos lideraron movimientos contra sistemas institucionalizados de segregación y apartheid. Equipararlos con la oposición a un gobierno elegido en segunda vuelta es, cuando menos, una desproporción.
Lo que plantea el excandidato no es nuevo en el discurso del petrismo, pero sí gana gravedad por provenir de un senador en ejercicio y excandidato presidencial. Anunciar que se desobedecerán “decisiones que vayan contra el pueblo” antes de que esas decisiones se conozcan, y afirmar “yo seré el primero en desacatarlas”, instala una zona gris. La desobediencia civil tiene raíces filosóficas claras: se ejerce frente a un acto concreto, identificable y vigente, no como categoría anticipatoria contra un gobierno que aún no dicta resolución alguna. Convertirla en postureo permanente le quita contenido y la transforma en un recurso de movilización partidista.
A esto se suma la afirmación de Cepeda, según el reporte de Portafolio, de que De La Espriella habría sido “colaborador de la CIA, DEA y el FBI”. Una acusación de esa naturaleza exige soporte probatorio. Sin él, funciona como insumo de descalificación personal y erosiona el debate que el propio excandidato dice proponer.
El segundo anuncio, el homenaje a Petro, combina dos lecturas. La primera, simbólica: cerrar el ciclo de gobierno con un acto de reconocimiento al presidente saliente. La segunda, orgánica: Cepeda pidió “un gran movimiento de afiliación” al Pacto Histórico y proyectó la disputa por gobernaciones, alcaldías, asambleas y concejos en 2027. La gira de agradecimiento se reconfigura así como el lanzamiento formal de la oposición partidista para el ciclo electoral siguiente. Si la operación es exitosa, el Pacto llegaría a las regionales con un líder visible, una narrativa de resistencia y un enemigo claramente identificado.
La columna vertebral de la estrategia es la polarización preventiva: tratar al gobierno entrante como ilegítimo desde antes de su posesión, y estructurar la movilización electoral de 2027 sobre ese eje. Es una apuesta de alto riesgo. Si el nuevo gobierno incumple las cuatro amenazas que Cepeda le atribuye, la oposición llegará cohesionada a 2027. Si no las ejecuta, la prédica de la desobediencia civil habrá quedado en evidencia como una movilización sin causa material, con el costo institucional que eso implica para el Congreso y para los partidos de izquierda.
También resulta pertinente una nota institucional. La desobediencia civil, como categoría jurídica, presupone la vulneración efectiva de un derecho. Anunciarla en abstracto, como declaró Cepeda —“yo seré el primero en desacatarlas”—, desplaza el concepto desde el ciudadano frente al Estado hacia el militante frente al gobierno. Esa torsión merece debate, no celebración.
Quedan, en todo caso, dos hechos verificables. El primero: el Pacto Histórico se está rearmando con un calendario preciso: afiliaciones masivas, homenaje presidencial, contiendas regionales. El segundo: la oposición arrancó con la táctica de desconocimiento, no con la de fiscalización. La primera es más ruidosa. La segunda suele ser más eficaz.
La responsabilidad de lo que venga es compartida. El próximo gobierno deberá demostrar, con actos, que las cuatro amenazas enunciadas no se materializan. Cepeda y el Pacto Histórico deberán demostrar que la desobediencia civil que convocan no termina siendo otra cosa que una herramienta de movilización permanente. El país, en el medio, necesita que ambas cosas se prueben con hechos.