¿Puede un político ser simultáneamente leal a dos repúblicas, o la doble nacionalidad termina por diluir la res publica que juró servir? La pregunta, que parecía retórica hasta hace poco, ha vuelto al centro del debate colombiano con un manifiesto que firman figuras del centro político —Cecilia López, José Antonio Ocampo, Alejandro Gaviria, Juan Daniel Oviedo— y que, sin ambages, pide al presidente electo Abelardo de la Espriella renunciar a su ciudadanía estadounidense para “poner a Colombia primero”.
El documento, publicado a tres semanas de la segunda vuelta, es en sí mismo un ejercicio de tensión calculada. Por un lado, reconoce el resultado electoral con una participación superior al 63%, elogiándolo como “ejemplar”. Por el otro, cuestiona frontalmente la estrategia de la oposición encabezada por Iván Cepeda y el saliente Gustavo Petro, quienes —según los firmantes— pasaron de reconocer el preconteo a una “actitud abiertamente antidemocrática” que cuestiona los resultados y convoca a la desobediencia civil. Aquí el manifiesto introduce una distinción que merece atención: que los actos sean pacíficos, advierten, “no los convierte en legales”.
La referencia a Martin Luther King como contrapunto es, a la vez, pertinente y arriesgada. Pertinente porque recupera el argumento clásico de Arendt sobre la desobediencia civil: su legitimidad radica no en la violencia sino en la exposición pública de una injusticia manifiesta, y en la disposición a aceptar el castigo legal como demostración de fidelidad al orden constitucional. Arriesgada porque equipara, aunque sea para distinguir, la lucha contra la segregación racial en el sur de Estados Unidos con la controversia sobre la nacionalidad de un presidente electo en Colombia. La analogía resiste solo hasta donde llega el principio: la desobediencia civil como último recurso, no como táctica electoral de transición.
Sobre la doble nacionalidad, el manifierto navega con cautela entre lo constitucionalmente permitido y lo políticamente deseable. La Carta no prohíbe ser presidente con otra ciudadanía; sin embargo, advierten los firmantes, eso “puede situarlo en un complejo conflicto de interés”. La formulación es técnicamente correcta pero políticamente ambigua. ¿Qué intereses específicos de Washington entrarían en colisión con los de Bogotá? ¿La política migratoria, los acuerdos comerciales, la extradición? El documento no lo dice, y esa omisión deja la sugerencia flotando en un territorio donde la sospecha reemplaza al argumento.
Lo más interesante del texto no está en lo que pide, sino en lo que asume. El centro político colombiano —ese espacio que desde la derrota de Fajardo en 2018 y 2022 ha vagado como alma en pena— intenta aquí definirse por negación: no es el uribismo que apoyó a De la Espriella, no es el petrismo que lo resistirá desde el Senado, no es la desobediencia civil de Cepeda ni el silencio cómplice de quienes antes fueron gobierno. Es, según sus propias palabras, la búsqueda de “acuerdos mínimos para salvaguardar la democracia y la estabilidad institucional”. Una definición por substracción que, en su elegancia, revela el vacío programático que aún no logra llenar.
Faltan en el manifiesto dos figuras usualmente asociadas a este espectro: Sergio Fajardo y Claudia López. Su ausencia no es menor. Si el centro se recompone sin quienes fueron sus candidatos más visibles, ¿de qué centro estamos hablando? ¿De un espacio ideológico o de una actitud institucional? La adhesión de académicos como Moisés Wasserman y Mauricio García Villegas sugiere la segunda opción: un centro de procedimiento más que de contenido, de métodos antes que de metas.
El llamado final al presidente electo es, en ese sentido, revelador. “Ya no se trata de combatir sino de congregar”, escriben. Pero congregar requiere algo más que buen tono y escenario elegido. Requiere que quien convoca tenga algo que ofrecer más allá de su propia presencia. De la Espriella, que llegó al poder sin el apoyo explícito de estos firmantes, ahora recibe de ellos una especie de investidura tardía: ser “símbolo de la unidad nacional” a cambio de una renuncia que no está obligado a dar.
¿Aceptará el precio? Y si lo acepta, ¿será eso un gesto de generosidad institucional o una rendición anticipada a quienes no lo apoyaron cuando contaba? La pregunta, como suele ocurrir en política, contiene su propia respuesta incompleta.