El excandidato presidencial y senador Iván Cepeda anunció este 30 de junio que promoverá una campaña de “desobediencia civil pacífica” si, antes de la posesión del 7 de agosto, el presidente electo Abelardo De la Espriella no aclara su situación de ciudadanía estadounidense y sus presuntos vínculos con el empresario Alex Saab y con agencias de seguridad de Estados Unidos.
Según reportó El Colombiano, el congresista sostuvo que, ante cualquier conflicto de soberanía, De la Espriella “tendría que tomar partido” por la jurisdicción estadounidense, dado el juramento de lealtad que implica la nacionalidad de ese país. A partir de ese razonamiento, Cepeda concluyó que la posesión presidencial estaría “viciada” y sería “ilegal e ilegítima” si no se aclaran tales circunstancias.
El anuncio merece tres observaciones.
Primera: el derecho a la doble nacionalidad no está prohibido en la Constitución. El artículo 96 de la Carta establece que los colombianos por nacimiento no pierden su nacionalidad por adquirir otra. La propia Corte Constitucional, en sentencias como la C-080 de 2018, ha reiterado que la renuncia a la ciudadanía extranjera no es requisito para ejercer cargos públicos. Pretender que un presidente en funciones deba renunciar a su pasaporte americano es, por decir lo menos, una exigencia que la norma no contempla.
Segunda: la figura de la “desobediencia civil” tiene un peso histórico que no se invoca en vano. Como recordó El Colombiano, la noción fue teorizada por Henry David Thoreau en 1846, desplegada por Mahatma Gandhi contra el dominio británico y aplicada por Martin Luther King contra el apartheid. En todos esos casos, la desobediencia enfrentaba a un poder que violaba derechos fundamentales reconocidos. Anunciarla contra un gobierno que aún no asume, y por motivos que hasta ahora son hipótesis periodísticas y cartas de congresistas extranjeros, es un salto retórico considerable.
Tercera: la mezcla de argumentos debilita la posición de Cepeda. El senador mencionó una carta de 11 congresistas demócratas dirigida al fiscal general y al secretario del Tesoro de Estados Unidos, en la que solicitan investigar presuntas operaciones financieras que podrían involucrar a De la Espriella. El propio Cepeda reconoció que la relación profesional con Saab se enmarcó en el ejercicio de la abogacía. Sumar esos elementos para justificar el desconocimiento de un mandato democráticamente obtenido no fortalece la oposición; la expone al reproche de instrumentalizar instituciones para bloquear al rival.
El congresista electo Daniel Briceño fue más allá y calificó la convocatoria como un “mecanismo de extorsión” orientado a “calentar” a las bases para oponerse por la fuerza al nuevo gobierno. Sin compartir ese lenguaje, sí cabe preguntarse qué tipo de movilización se convoca cuando se invita a “no reconocer la autoridad” de un presidente que aún no se posesiona y al que se le presume, por ahora, legitimidad de origen mientras no se demuestre lo contrario.
La oposición tiene derecho a fiscalizar, a pedir investigaciones y a agotar los recursos judiciales disponibles. También tiene la obligación de hacerlo con apego a la Constitución que dice defender. La desobediencia civil es, en la tradición que Cepeda invocó, un último recurso frente a una injusticia probada, no una herramienta de presión política preventiva. Anunciarla antes de que el gobierno siquiera asuma es, cuando menos, una declaración prematura.
La institucionalidad colombiana tiene los mecanismos para esclarecer los señalamientos contra De la Espriella: la Fiscalía, la Procuraduría y los jueces naturales. Saltarse ese camino para convocar resistencia pública traslada el debate del terreno jurídico al de la movilización callejera, con todos los riesgos que ello implica para una democracia que ya ha visto fracturas recientes.
Que la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Comisión de Acusaciones examinen las denuncias con la rigurosidad que el caso amerita. Y que la oposición espere, como mínimo, a que la posesión se produzca y a que los hechos se acrediten, antes de decretar la ilegitimidad de un mandato que, por ahora, tiene origen en las urnas.