El 16 de julio de 2026, María Camila Potosí, una joven de 21 años con ocho meses de gestación, salió de su casa en Cali en una motocicleta junto a una mujer de contextura gruesa, según reconstruyó la Fiscalía. Cuatro días después fue hallada sin vida en el sector de La Buitrera, en la ribera del río Meléndez. Días más tarde, las autoridades localizaron en una zona boscosa cercana el cuerpo de la bebé que llevaba en su vientre, a quien pensaba llamar Alahia, reportó El Colombiano.
El expediente ya produjo sus primeros movimientos procesales. Según informó el ente acusador y replicó El Colombiano, cinco personas fueron capturadas en Cali y Tuluá, con apoyo de la Policía Nacional y unidades de la SIJIN. Durante los operativos fueron incautados teléfonos celulares y dos motocicletas, una de las cuales coincidiría con la registrada en cámaras de seguridad obtenidas durante la investigación. El Colombiano añadió que los cinco capturados quedaron a disposición de un juez de control de garantías para la audiencia de imputación de cargos.
Hay dos preguntas que la justicia colombiana no puede dejar sin respuesta.
La primera es de fondo penal. La Fiscalía anunció capturas y decomiso de elementos materiales probatorios, pero hasta ahora no ha detallado públicamente los móviles, la identidad formal de los cinco detenidos ni los delitos concretos que les serán imputados. La ciudadanía de Cali y del Valle del Cauca tiene derecho a conocer, con el rigor propio de una investigación en curso, si se trata de un crimen vinculado a redes de trata, a violencia de género, a un ajuste de cuentas o a varias hipótesis simultáneas. Sin esa información, la conmoción pública se convierte en rumor.
La segunda es institucional. El caso vuelve a poner sobre la mesa la urgencia de protocolos articulados entre la Fiscalía, la Policía y las secretarías de salud para la búsqueda inmediata de mujeres gestantes desaparecidas. La diferencia entre 24 y 96 horas en la activación de mecanismos de búsqueda puede ser determinante, como lo fue aquí: María Camila salió el 16 de julio y fue hallada cuatro días después.
La madre de la joven, Alba Rubi Gómez, describió en entrevista con Noticias Caracol —citada por El Colombiano— el golpe que significó la noticia y pidió que el proceso avance hasta las últimas consecuencias. “Quisiera guardar la esperanza de que no fuera la bebé”, señaló al conocer el hallazgo del cuerpo de Alahia. Ese tipo de declaraciones recuerda que detrás de cada expediente hay una familia y un duelo que el aparato judicial debe respetar sin convertirlo en espectáculo.
El reto que enfrenta ahora el juez de control de garantías es asegurar un proceso con debido rigor probatorio, sin filtraciones indebidas y sin demoras injustificadas. Si la Fiscalía logra sustentar ante el juez la responsabilidad de los cinco capturados con los elementos ya recolectados, el caso servirá para reforzar la confianza en la cadena penal. Si, por el contrario, las capturas se diluyen en audiencias sin mérito suficiente, el mensaje será el opuesto: que en Cali un doble crimen de esta gravedad puede quedar sin respuesta judicial.
Colombia atraviesa un momento en el que la opinión pública exige resultados judiciales verificables, no comunicados triunfalistas. El seguimiento riguroso de este expediente, paso a paso, será la prueba de si las instituciones están a la altura del dolor que hoy expresa una familia caleña.
Periodista: Catalina Restrepo Mejía