Desde este 15 de julio de 2026 la jornada laboral máxima en Colombia queda fijada en 42 horas semanales, según reportó El Diario con base en la normativa vigente. Es el cierre de un proceso gradual que se inició hace varios años y que pretendía acompasar el país con estándares internacionales de tiempo de trabajo.
La medida, en sí misma, no es controversial. El texto legal es claro al señalar que la disminución horaria no puede traducirse en una reducción del salario ni de las prestaciones de los trabajadores. Esa garantía es, probablemente, el único punto en el que existe consenso entre gobierno, centrales obreras y gremios.
Lo que viene ahora es la discusión de fondo, y esa es la que el debate público ha postergado.
Primero, el impacto sobre la productividad. Colombia arrastra uno de los productividades laborales más bajos de la OCDE y de América Latina. Reducir la jornada sin reformas estructurales en capacitación, formalización y tecnología suele traducirse, en el corto plazo, en una caída del output por hora trabajada. Los defensores de la medida argumentan que el efecto contrario es el deseado: mayor descanso, menor ausentismo, mayor eficiencia. La evidencia empírica disponible — casos como Francia o Alemania — no es concluyente y depende de manera crítica del entorno institucional.
Segundo, la informalidad. Más de la mitad de los trabajadores colombianos laboran fuera de la relación laboral formal. Para ellos, la jornada legal de 42 horas es una ficción. Cualquier política de tiempo de trabajo que no venga acompañada de una estrategia seria de formalización termina beneficiando exclusivamente alempleado dependiente que ya cotiza a seguridad social.
Tercero, el costo fiscal para las empresas públicas y para el sistema de salud. Hospitales, entidades territoriales y universidades oficiales, que concentran buena parte de la planta estatal, deberán reorganizar turnos. Si la reconversión se hace sin recursos adicionales, el ajuste recae sobre el usuario, como suele ocurrir en el sistema de salud colombiano.
Finalmente, queda la pregunta que ningún gobierno ha querido responder con cifras: ¿cuántos puestos de trabajo nuevos se crearon gracias a la reducción gradual de jornada? Las hipótesis iniciales del Ministerio del Trabajo estimaban efectos sobre el empleo. Tres años después, esas proyecciones no aparecen en los reportes oficiales que ha sido posible consultar. Sin esa métrica, la política queda sin contrapeso.
La reducción de la jornada laboral es una conquista social. Pero una reforma seria exige medición, transparencia y, sobre todo, la disposición a reconocer qué funcionó y qué no. El 15 de julio no marca un punto final; marca, en realidad, el inicio de una evaluación que el país le debe a sus trabajadores formales e informales.