La decisión del gobierno de Abelardo de la Espriella de reconocer la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, comunicada apenas horas después de su investidura, no es un gesto simbólico aislado. Representa una reingeniería estructural de la política exterior colombiana que abandona la diplomacia ideológica de los últimos cuatro años para adoptar un enfoque basado en intereses nacionales concretos, seguridad jurídica y alineación con socios estratégicos del Atlántico Norte.
Este movimiento revierte el restablecimiento de relaciones con la República Saharaui impulsado en 2022 por la administración Petro. Según reportó Infobae, esa apuesta careció de sustento económico tangible y generó fricciones innecesarias con Rabat, un actor clave en la estabilidad del Mediterráneo occidental y en la gestión migratoria hacia Europa. Al reconocer la soberanía marroquí sobre aproximadamente el 80% del territorio en disputa —cifra citada por Infobae respecto al control de facto desde 1975—, Bogotá se sincroniza con la posición de Estados Unidos, Israel y varios miembros de la Unión Europea, priorizando la realidad geopolítica sobre el activismo internacionalista sin contraprestaciones.
Pragmatismo comercial frente a retórica
La Cancillería ha vinculado explícitamente este reconocimiento con la negociación de un Tratado de Libre Comercio (TLC) y la atracción de inversiones. Esta conexión es acertada. Marruecos no es solo un mercado potencial para exportaciones agrícolas y servicios; es una plataforma logística hacia África Occidental y Europa. Según datos del Banco Mundial, el reino magrebí ha mantenido tasas de crecimiento superiores al promedio regional, con una infraestructura portuaria y energética que lo convierte en un hub industrial relevante.
Para Colombia, cuya balanza comercial con África sigue siendo marginal pese a las declaraciones de hermandad sur-sur de la era anterior, abrir un canal institucional con Rabat tiene más sentido práctico que mantener representaciones diplomáticas en países con los que el intercambio es nulo o está mediado por afinidades políticas coyunturales. La promesa de un TLC debe leerse como un intento de diversificar destinos de exportación más allá de la dependencia tradicional de Estados Unidos y China, aunque su viabilidad dependerá de la capacidad técnica de los equipos negociadores y de la oferta exportable real de Colombia.
Reordenamiento de la red diplomática
El anuncio simultáneo del cierre de catorce embajadas, incluyendo las de Cuba, Nicaragua y Haití, complementa la señal enviada con el caso marroquí. Más allá de la carga política de romper vínculos con regímenes autoritarios —una decisión coherente con una postura pro-democracia liberal—, hay una racionalización administrativa necesaria. Mantener misiones diplomáticas en capitales donde no existen flujos comerciales, cooperación técnica significativa ni comunidad colombiana relevante es un gasto ineficiente en un contexto fiscal restringido.
Sin embargo, este ajuste conlleva riesgos que deben gestionarse con prudencia. El cierre de embajadas en África (Senegal, Etiopía, Ghana) y Asia (Malasia) podría interpretarse como un repliegue de la diversificación geográfica si no se acompaña de mecanismos alternativos de presencia, como oficinas comerciales o acreditaciones múltiples. La diplomacia económica requiere presencia física para funcionar; la virtualidad tiene límites cuando se trata de construir confianza empresarial y resolver barreras no arancelarias.
Además, la ruptura total con Cuba y Nicaragua, aunque justificable en términos de valores democráticos, elimina canales de comunicación que, históricamente, han sido útiles para gestionar dinámicas transfronterizas y migratorias en el Caribe. La ausencia de representación diplomática no anula la vecindad geográfica ni los problemas compartidos. Será necesario evaluar si esta desconexión institucional afecta la capacidad de Colombia para monitorear y responder a crisis regionales que, eventualmente, terminan impactando nuestra seguridad interna.
Coherencia atlantista y desafíos internos
El nuevo curso exterior parece apostar por una identidad atlantista clara: cercanía con Washington y Bruselas, defensa del Estado de derecho y promoción del libre comercio. Esta orientación es bienvenida tras años de ambigüedad estratégica que debilitaron la credibilidad de Colombia como socio confiable. No obstante, la coherencia externa debe reflejarse también en la política doméstica. Un país que busca TLCs y atraer inversión extranjera directa necesita ofrecer seguridad jurídica, estabilidad regulatoria y una fuerza pública profesionalizada.
El reconocimiento a Marruecos y la poda diplomática son pasos correctos en la dirección del realismo. Pero el éxito de esta nueva etapa no se medirá por los comunicados conjuntos ni por las fotos en Cali, sino por los indicadores de comercio bilateral, los flujos de inversión y la capacidad de Colombia para proyectar influencia basada en resultados y no en adhesiones ideológicas. La región andina observa con atención: si Bogotá logra convertir este giro en prosperidad tangible, habrá sentado un precedente útil para vecinos que aún oscilan entre el pragmatismo y la retórica.