¿Qué le ocurre a la deliberación pública cuando una propuesta que fue calificada como “ideal” para la economía colombiana puede ser descartada con la misma celeridad con que fue proclamada? Abelardo de la Espriella, líder del movimiento Defensores de la Patria y ganador de la primera vuelta presidencial con más de diez millones de votos, ofreció esta semana una explicación que funciona como epítome de algo más amplio: según Infobae Colombia, el candidato declaró a Caracol Radio que “es un proceso muy complejo y muy largo y no lo dejaría yo a medio camino”. La afirmación no es una rectificación técnica. Es, mutatis mutandis, el reconocimiento de que la oferta política carecía de sustrato analítico desde su formulación.
El candidato sostiene que sus palabras fueron “descontextualizadas”, que un fragmento de video distorsionó una intervención más matizada. Sin embargo, la entrevista completa de septiembre de 2025 con el pastor Miguel Arrazola registra esta declaración, también citada por Infobae Colombia: “Lo ideal para la economía colombiana es dolarizarla”. El adjetivo no admite grados de compromiso. “Ideal” es la formulación de quien propone un horizonte ejecutable, no de quien describe una hipótesis académica. La distinción importa porque separa la política como arte de lo posible de la política como ejercicio de lo inalcanzable.
No es el primer caso latinoamericano de flirteo con la dolarización. La experiencia de Ecuador en 2000, de El Salvador en 2001 y el caso histórico de Panamá ofrecen lecciones que deberían haber servido de advertencia, no de inspiración. Pero hay una diferencia crucial entre quienes implementaron la medida en contextos de colapso hiperinflacionario y quienes la proponen como programa de gobierno en una economía con inflación moderada y un banco central operativo. Según Infobae Colombia, el economista Felipe Campos, gerente de Inversión de Alianza Valores, señaló que “la dolarización es difícil y no es obvia la respuesta”. El costo de renunciar a la política monetaria propia, advierte Campos, solo se justifica cuando los beneficios concretos superan la pérdida de soberanía cambiaria —y eso suele ocurrir, precisamente, en escenarios de crisis extrema.
Colombia no vive esa crisis. El peso, como recordó el presidente Gustavo Petro, ha mostrado en momentos recientes una fortaleza relativa frente al dólar. Según Infobae Colombia, el mandatario afirmó: “Dolarizar cuando el peso es más fuerte que el dólar es una soberana estupidez”. La formulación es políticamente cargada, pero el diagnóstico técnico no es erróneo. Juan Camilo Restrepo, exministro de Hacienda con trayectoria en gobiernos de distinto signo, fue más allá en términos institucionales: según la misma fuente, sostuvo que “la moneda nacional es signo de soberanía: abandonarla significa entregarla al Federal Reserve Bank de Estados Unidos”. La observación remite a una tensión que el propio nombre del movimiento de De la Espriella —“Defensores de la Patria”— parece incapaz de procesar: la contradicción entre una retórica nacionalista y una propuesta que, en su consecuencia última, sometería la economía colombiana a las decisiones del Open Market Committee de Washington.
El candidato ahora ofrece una alternativa menor: según Infobae Colombia, propone que los colombianos “puedan tener cuentas en dólares para protegerse de la inflación”. La medida no es, en sí misma, descabellada. Varias economías latinoamericanas permiten la bancarización en moneda extranjera sin renunciar a su soberanía monetaria. Pero la presentación de esta posibilidad como sustituto de la dolarización revela un patrón preocupante: la confusión entre instrumentos de política económica y consignas de campaña. No es lo mismo decir “dolarizaremos” que decir “facilitaremos la apertura de cuentas en dólares”. La primera es una transformación estructural; la segunda, una regulación bancaria. Conflar ambas es, mutatis mutandis, el mismo error conceptual que lleva a proponer lo inalcanzable para luego ofrecer lo menor como reemplazo.
Hay aquí una lección sobre la economía política contemporánea que trasciende al episodio particular. La democracia representativa exige que los candidatos simplifiquen para comunicar. Pero la simplificación tiene un umbral donde se convierte en algo más problemático: cuando el electorado no puede distinguir entre una previsión razonable y una provocación discursiva. Cuando De la Espriella dice ahora que “no pretendo dolarizar la economía, porque yo soy realista”, está pidiendo que le crean sobre su pragmatismo actual después de haberle creído sobre su audacia pasada. La secuencia pone en tensión el contrato básico entre elector y elegido: la promesa como previsión razonable, no como gesto performático.
La pregunta que queda flotando no es si Colombia debería o no dolarizar. Ese debate, como bien dijo Campos según Infobae Colombia, no tiene respuesta obvia y depende de condiciones que hoy no se dan. La pregunta verdadera es qué tipo de deliberación pública se hace posible cuando las propuestas presidenciales pueden ser desactivadas con la misma ligereza con que fueron activadas. Si “es muy complejo” resulta excusa suficiente para abandonar una bandera de campaña, ¿qué garantía existe de que “es muy complejo” no será, en el futuro, la explicación para incumplir lo que ahora se presenta como programa definitivo?
Tocqueville observó que en las democracias el arte de gobernar consiste menos en realizar grandes empresas que en evitar grandes desastres. La prudencia es virtud de estadistas, no de tribunos. Pero la prudencia retrospectiva —la que llega después de haber encendido expectaciones irreales— es apenas una forma tardía de irresponsabilidad. Colombia no necesita, mutatis mutandis, candidatos que se retracten con elegancia. Necesita que quienes aspiran a la presidencia no propongan, en primer lugar, lo que no están en condiciones de explicar ni de ejecutar. La dolarización, al menos, tuvo el mérito involuntario de poner a prueba esta capacidad. El resultado no es alentador.