El 2 de julio, el presidente electo Abelardo de la Espriella publicó en su cuenta oficial de X que la deuda neta del país se encuentra en niveles históricamente altos y que refinanciarla será una de las primeras medidas de su gobierno. Según reportó Infobae Colombia, el mensaje incluyó el encargo al ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez Martínez, de iniciar gestiones en Washington con banca internacional y organismos multilaterales para “mejorar los plazos y las tasas” de la deuda pública.
Cuarenta y ocho horas antes, según la misma cobertura de Infobae Colombia, Gómez Martínez había dicho a Caracol Radio algo distinto: “no vamos a renegociar la deuda”. El futuro ministro insistió en que la estrategia será reperfilarla, es decir, sustituir vencimientos de corto plazo por otros de mayor plazo, sin alterar las condiciones contractuales con los acreedores. La diferencia entre ambos conceptos no es semántica: una renegociación implica modificar tasas, plazos o montos con tenedores de bonos; un reperfilamiento es una operación de manejo de tesorería sobre la deuda interna.
La contradicción es notoria. Si el gobierno entrante efectivamente viaja a Washington a renegociar con bancos y multilaterales, está comunicando a los mercados que Colombia considera modificar las condiciones de su deuda externa. Esa señal, en un país con servicio de deuda proyectado en 125 billones de pesos para 2027 —cifra reportada por Infobae Colombia citando al Ministerio de Hacienda—, suele traducirse en subida de tasas y salida de capitales. El propio Gómez Martínez lo reconoció ante Caracol Radio: las emisiones recientes se han colocado a tasas cercanas al 15%, niveles que, según sus palabras, Colombia no enfrentaba desde la crisis de finales del siglo XX.
La anunciada “congelación del gasto público” vía decreto es la otra pieza del paquete. El ministro designado la presenta como señal de disciplina fiscal para recuperar confianza inversora. Es una herramienta constitucionalmente disponible, pero su efectividad depende del detalle: un decreto de congelación sin excepciones puede paralizar inversión social y mantenimiento de infraestructura; con excepciones amplias, se convierte en un anuncio sin contenido.
Hay, además, un problema de sincronización. El equipo económico de De la Espriella habla a Washington mientras el equipo económico de Gómez Martínez habla a Caracol Radio. Antes del 7 de agosto, día en que asume el nuevo gobierno, esa descoordinación ya está generando ruido en los mercados de deuda local. El Minhacienda saliente transmitió la deuda a tasas altas; el entrante recibe una curva de rendimientos penalizada y, según sus propias palabras recogidas por Infobae, el diagnóstico es que el país no está en quiebra pero enfrenta un problema serio si no cambia de rumbo.
Para un país que necesita colocar cerca de 125 billones en 2027 —cifra reportada por Infobae Colombia citando al Ministerio de Hacienda—, cada punto porcentual adicional en la tasa de corte es presupuesto público que se desvía de inversión. La credibilidad fiscal no se construye con tuits desde Bogotá ni con viajes a Washington: se construye con un mensaje unificado entre el presidente electo y su ministro de Hacienda, con un marco fiscal creíble y con un decreto de congelación técnicamente sólido. Hoy, ese mensaje no existe.
La Bitácora seguirá con atención la transición. La próxima semana se conocerá el texto del decreto de congelación y los primeros movimientos del equipo de Gómez Martínez en el mercado local de TES. Esos dos indicadores dirán si la “reconstrucción de la Patria Milagro” arranca con disciplina o con improvisación.