El gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella presentó esta semana la primera pieza de su hoja de ruta económica. Se trata, según reportó Infobae a partir de declaraciones del futuro ministro de Hacienda, Miguel Gómez, a Portafolio, de una reforma tributaria que reduciría de quince a tres los impuestos nacionales administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
La propuesta llega acompañada de una decisión de carácter fiscal inmediato. Gómez anunció que el próximo 7 de agosto, en los primeros días del nuevo mandato, el Ejecutivo expedirá un decreto de congelamiento del gasto público. La meta declarada, de acuerdo con la misma entrevista recogida por Infobae, es que el presupuesto de 2025 crezca por debajo de la inflación observada, de manera que el ajuste del gasto marche en paralelo con el trámite de la reforma.
Conviene leer los dos anuncios de forma conjunta. Una reforma estructural como la que se plantea —con un cambio tan profundo en el número de tributos que administra la Dian— difícilmente sobrevive sin un ancla fiscal que la haga creíble ante los mercados y ante el propio Congreso. El congelamiento del gasto cumpliría esa función de señal: comunicaría disciplina en el corto plazo mientras se discute el rediseño de los ingresos en el mediano. Es una secuencia lógica, aunque exigente: comprimir el gasto en una economía que aún arrastra rigideces presupuestales requiere una arquitectura institucional que el nuevo gobierno aún no ha detallado.
La concentración en tres impuestos no es en sí misma una novedad conceptual. Distintas misiones de crecimiento y expertos tributarios han planteado desde hace años que el sistema colombiano es excesivamente disperso, con tributos de bajo recaudo y alto costo de cumplimiento. La pregunta de fondo es cuál será el tratamiento de las rentas departamentales y municipales, de los impuestos al patrimonio, al consumo específico y a las transacciones financieras, que hoy no administra la Dian pero sí hacen parte del entramado fiscal. Suprimir o fusionar tributos sin un mapa de sustituciones sería una invitación a ampliar la base del IVA con el efecto regresivo que ello comporta.
También merece atención la promesa de reglas estables como instrumento para atraer inversión. La estabilidad tributaria es, en efecto, un factor competitivo, pero en Colombia el riesgo histórico no ha sido tanto la volatilidad de las reglas como la acumulación de reformas sucesivas que modifican el estatuto tributario cada dos o tres años. ¿Logrará la nueva administración que esta sea la reforma que ordena el sistema por una década? El costo político de los sectores afectados será alto pero el beneficio institucional podría ser considerable. Si termina siendo el primer paso de una nueva ronda de ajustes, el resultado será el contrario al que se anuncia.
El cronograma apretado —decreto de congelamiento en agosto, radicación de la reforma en las semanas siguientes— anticipa un inicio de mandato con alta tensión entre el Ejecutivo y el Congreso. Las reformas tributarias estructurales requieren mayorías amplias y negociaciones prolongadas, precisamente lo que un calendario acelerado dificulta. Gómez y su equipo tendrán que decidir pronto si el proyecto se presenta como ley ordinaria o como ley de mayoría absoluta, y si se acompaña de facultades extraordinarias para el grueso de la implementación.
Por ahora, la dirección declarada por el nuevo gobierno es clara: menos tributos nominales, gasto contenido y un mensaje de ortodoxia fiscal. Falta el texto, faltan los números y falta, sobre todo, la coherencia entre lo que se anuncia y lo que se ejecuta. La oposición, los gremios y los comités independientes del Congreso deberán leer con detalle cada artículo cuando el proyecto llegue al Capitolio. Una cosa es la promesa de simplificar y otra, muy distinta, es la capacidad de sostener la simplificación frente a las presiones sectoriales que históricamente han blindado tratamientos preferenciales en el Estatuto Tributario.