El 6 de julio, el presidente Gustavo Petro anunció desde Cali que el próximo 20 de julio será la fecha de su despedida pública y, de manera simultánea, una jornada nacional de movilización en respaldo de las reformas sociales de su gobierno. La convocatoria, difundida por su cuenta en X, fue recogida por El Universal de Cartagena.
Lo que en cualquier democracia sería un acto protocolario de transición quedó convertido, según el mismo reporte, en un llamado a llenar plazas públicas con banderas “limpias y alegres” y a respaldar un legado legislativo que, en palabras del presidente citadas por el medio, “el pueblo logró”. Petro añadió que no hará el acto el 6 ni el 7 de agosto —fechas en las que concluye su mandato y asume Abelardo de la Espriella— porque las considera “trágicas”, sin precisar a qué se refiere, de acuerdo con el mismo artículo.
Hay aquí tres asuntos que conviene separar.
Primero, el uso de la fecha patria. El 20 de julio conmemora un hecho fundacional del país. Convertir esa jornada en movilización partidista es una decisión política, no ceremonial. Un presidente que termina su período puede hacer balance; la pregunta es si corresponde usar la efeméride como escenario de ese balance.
Segundo, la confusión entre gobierno y movimiento. Según El Universal, Petro vinculó la convocatoria a un acto en Cali donde, en sus palabras, el senador Iván Cepeda “empieza a organizar la resistencia” tras la derrota frente a De la Espriella en segunda vuelta. El mismo medio recuerda que Cepeda anunció días antes que no reconoce a De la Espriella como presidente electo y llamó a una “desobediencia civil” frente a la nueva administración. ¿Es esa la lectura que el gobierno saliente quiere dejar de la transición? El reporte no permite afirmar que el Ejecutivo esté bloqueando el relevo; sí permite preguntar si la convocatoria busca mantener presión sobre el entrante.
Tercero, la calificación de “trágicas” para las fechas del 7 de agosto. Si el presidente considera trágica la posesión de quien ganó las elecciones, ¿qué mensaje envía a sus bases sobre la legitimidad del resultado? ¿Qué efecto tiene esa frase sobre la transferencia de mando, que es la base del orden constitucional?
La columna vertebral del gobierno Petro fue, en teoría, la defensa de las reformas social y pensional. Lo que queda de ese debate, a julio de 2026, es un paquete legislativo con trámite inconcluso en la Corte Constitucional y en el Congreso, y una narrativa de movilización callejera para defenderlo por fuera de los canales institucionales.
La Bitácora ha sido crítica del uso instrumental del Estado por parte de este gobierno. También lo fue cuando otros presidentes incurrieron en prácticas similares. Lo que se observa ahora, según el reporte citado, no es distinto: un Ejecutivo que termina y prefiere la plaza pública al Palacio de Nariño para su despedida.
Colombia entra el 7 de agosto a un nuevo gobierno con un Congreso dividido y una Corte Constitucional que deberá resolver el destino de varias reformas. Lo que menos necesita el país es que la transición se convierta en una disputa de calles. La independencia nacional se celebra con instituciones funcionando, no con un presidente saliente convocando a defender su obra desde las plazas.
Quedan dos semanas para que el gobierno aclare qué reformas exactamente considera logradas, cuáles están en riesgo y por qué califica de “trágica” la fecha de posesión. Hasta ahora, según el artículo de El Universal, sólo ofreció consignas.