A menos de 24 horas de la apertura de las urnas para la segunda vuelta presidencial del 21 de junio de 2026, el presidente Gustavo Petro publicó en su cuenta oficial en X un mensaje en el que, según reportó Infobae Colombia, planteó una disyuntiva electoral entre avanzar en justicia social o retornar a un pasado de violencia y soledad. El medio transcribió la publicación presidencial, en la que el jefe de Estado sostuvo que la decisión final corresponde a los votantes.
La intervención ocurre bajo una medida cautelar vigente. De acuerdo con la misma fuente, el Juzgado 29 Laboral del Circuito de Medellín, a cargo de la jueza Anny Carolina Goenaga Peláez, ordenó al presidente abstenerse de utilizar recursos públicos, bienes oficiales y canales institucionales —incluida su cuenta personal en la red social— para favorecer o perjudicar candidatos o difundir denuncias electorales sin respaldo probatorio. La providencia advierte que el incumplimiento puede derivar en sanciones por desacato.
El fallo se apoya en un antecedente del Consejo de Estado. Según Infobae, esa corporación había ordenado al presidente, el 28 de mayo de 2026, no difundir propaganda electoral relacionada con partidos o movimientos políticos. La restricción, de acuerdo con la misma fuente, abarca cualquier alusión electoral, incluso mediante símbolos, analogías o dicotomías, y se extiende a eventos públicos y discursos oficiales dentro y fuera del país.
En paralelo, durante un acto en Cali, el presidente se habría referido al expresidente Álvaro Uribe y lo habría invitado a comparecer ante la Jurisdicción Especial para la Paz, según Infobae Colombia. El medio transcribió la expresión del mandatario en los siguientes términos: una invitación pública a que el exmandatario se sumara a una tarima para, según el reporte, comparecer ante la JEP.
Por su parte, el candidato Iván Cepeda difundió en la víspera un mensaje en video dirigido a sus votantes. Citado por Infobae Colombia, Cepeda habría señalado que la jornada del 21 de junio define un rumbo para el país y propuso votar por la vida, los derechos, la paz y el fin de la injusticia social.
Lo que está en juego no es solo el resultado electoral. Es la observancia de una decisión judicial por parte del primer funcionario del Estado. Una medida cautelar no es una recomendación: es una orden sujeta a control de desacato. Cuando un presidente la ignora en la antesala de una elección, el costo lo paga la institución, no la persona.
El Consejo de Estado y el Juzgado 29 Laboral de Medellín ya fijaron un marco claro. Corresponde ahora a las autoridades competentes —la propia judicatura, la Procuraduría y, eventualmente, la Fiscalía— determinar si el mensaje de Petro constituyó una infracción y, en tal caso, aplicar las consecuencias que correspondan. La independencia judicial no se defiende con declaraciones: se defiende con cumplimiento.
Colombia enfrenta el domingo una de las votaciones más polarizadas de su historia reciente. La jornada debería transcurrir bajo reglas iguales para todos los actores, incluidos quienes ocupan la Casa de Nariño. Cualquier excepción abre un precedente que, más temprano que tarde, será invocado por cualquier gobierno futuro.