La segunda vuelta presidencial del 22 de junio dejó a Colombia con un resultado que se cuenta con los dedos: 12,9 millones de votos para Abelardo De La Espriella, 12,7 millones para Iván Cepeda y una diferencia de 250.830 sufragios, según los datos preliminares reportados por EFE y recogidos por Publimetro. Menos de un punto porcentual separó a los dos candidatos. Esa cifra, por sí sola, explica por qué el país amaneció el 23 de junio con dos lecturas simultáneas de la misma jornada.
De un lado, el comando de De La Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, dio por consolidada la victoria y optó por el silencio. Su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, tampoco se pronunció. La prudencia parece ordenada: cualquier declaración prematura podría alimentar el relato de ilegitimidad que ya empezó a circular.
Del otro, la campaña de Cepeda, senador del Pacto Histórico, anunció la presentación de 57.189 reclamaciones ante las autoridades electorales. El número no es menor. Representa el instrumento legal disponible para que los testigos electorales soliciten la revisión de mesas, E-14 y E-24 cuando existan inconsistencias en los formularios, los conteos o la identificación de votantes. La ley contempla esta etapa precisamente porque el preconteo es eso: un preliminar.
Conviene separar dos planos. El primero es jurídico. Las reclamaciones deben resolverse en los plazos y por las instancias que establece el Código Electoral. Si prosperan y modifican el resultado, el escrutinio general lo reflejará. Si no, la diferencia se mantiene. Hasta que ese proceso concluya, hablar de “victoria consolidada” es, en el mejor de los casos, una expresión política; no una declaración jurídica.
El segundo plano es político. La propia campaña de Cepeda reconoció que el país quedó dividido en “dos mitades casi idénticas y simétricas” y propuso un diálogo nacional. Esa frase contiene una verdad incómoda para el próximo gobierno: gobernará con una oposición que tiene casi la mitad de los votos y que, además, conserva la capacidad de activar todos los resortes institucionales disponibles. El Centro Democrático ya anunció que buscará conformar una coalición legislativa para respaldar las iniciativas del nuevo Ejecutivo, lo que anticipa un Congreso donde la negociación será inevitable.
El contexto internacional añade otra variable. El presidente estadounidense Donald Trump felicitó a De La Espriella, lo calificó como “gran presidente” y reveló una llamada telefónica en las horas siguientes al cierre de las urnas. También enviaron mensajes la primera ministra italiana Giorgia Meloni, el presidente hondureño Nasry Asfura y la excandidata peruana Keiko Fujimori. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, en cambio, pidió esperar los resultados definitivos. La secuencia muestra que el reconocimiento internacional llega antes de que termine el escrutinio, un hecho que la Misión de Observación Electoral (MOE) no pasó por alto al calificar la jornada como “tranquila y pacífica”, aunque con reportes aislados de presunto constreñimiento al elector.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, convocó una cumbre interinstitucional con organismos de control y autoridades electorales para revisar el avance del proceso. El gesto responde a una necesidad concreta: transmitir certeza técnica sobre el conteo en un país donde la confianza en las instituciones ya venía deteriorada.
Lo que viene es menos espectacular pero más decisivo. Cada una de las 57.189 reclamaciones será tramitada por las comisiones escrutadoras. Algunas se descartarán por extemporáneas o improcedentes; otras podrían alterar cómputos municipales. La diferencia de 250.830 votos es lo suficientemente estrecha como para que cualquier ajuste agregado, si lo hubiera, adquiera relevancia. También es lo suficientemente amplia como para que, salvo una alteración sistémica improbable, el resultado preliminar se sostenga.
Por eso el momento exige dos cosas que rara vez conviven en la política colombiana: paciencia institucional y proporcionalidad retórica. Paciencia para esperar el escrutinio general sin convertir cada mesa revisada en una crisis nacional. Proporcionalidad para reconocer que una elección con menos de un punto de diferencia no produce un mandato unívoco, sino un mandato que obligará a negociar desde el primer día.
El próximo presidente no será legítimo porque lo declaren sus aliados en el extranjero ni ilegítimo porque lo cuestionen sus adversarios internos. Será legítimo cuando las autoridades electorales certifiquen el resultado y la Corte Constitucional, si es convocada, lo avale. Mientras tanto, el país funciona mejor si los actores políticos actúan como si las instituciones todavía sirvieran.