La reciente entrevista al presidente de la Cámara de Comercio Colombo-Venezolana, Luis Felipe Quintero, publicada por Portafolio, confirma una realidad que los gremios de la frontera conocen de primera mano: el flujo comercial se ha reactivado, pero sobre cimientos institucionales frágiles. Si bien es positivo que exista diálogo privado y voluntad de intercambio, la ausencia de un marco regulatorio moderno y predecible convierte cada operación en un ejercicio de gestión de riesgo político más que de estrategia empresarial sostenible.
Desde Bucaramanga y Cúcuta se observa con preocupación cómo la normalización de las relaciones comerciales depende excesivamente de la discrecionalidad política y no de tratados o acuerdos vinculantes. Según los indicadores macroeconómicos reportados por Portafolio al momento de la entrevista, la tasa de interés del Banco de la República se mantiene en 12,00 % y la tasa de usura alcanza el 28,79 %. En este escenario, el costo de financiamiento para exportadores e importadores ya es elevado sin sumar la prima de riesgo país de Venezuela. A esto se suma la volatilidad del bolívar, cuya tasa de cambio frente al dólar registró una variación diaria de 0,59 % según la misma fuente, lo que obliga a los empresarios colombianos a operar con coberturas cambiarias costosas o a asumir pérdidas por descalce de monedas.
La asimetría institucional como barrera
El problema central no parece ser la falta de demanda venezolana de bienes y servicios colombianos, sino la capacidad limitada del Estado vecino para garantizar seguridad jurídica. Mientras Colombia mantiene una institucionalidad de mercado, con reglas de propiedad intelectual, protección al inversionista y acceso a mecanismos de arbitraje internacional, Venezuela opera bajo un régimen de excepciones permanentes. Esta asimetría genera una competencia desleal: el empresario colombiano compite no solo contra productores locales subsidiados, sino contra la incertidumbre misma.
La experiencia comparada en la región andina muestra que los procesos de integración exitosos, como la Comunidad Andina en sus mejores años, se basaron en la convergencia normativa y no en la voluntad presidencial de turno. Hoy, la relación Bogotá-Caracas carece de esa arquitectura. No hay un tribunal supranacional que resuelva disputas comerciales, ni un sistema armonizado de aduanas, ni protocolos sanitarios estandarizados. Esto significa que cada camión que cruza la frontera es una negociación ad hoc, sujeta a cambios repentinos en la interpretación de funcionarios locales.
Riesgos para la región andina y la relación con Washington
Para Colombia, y particularmente para los departamentos de Norte de Santander, Arauca y La Guajira, esta precariedad tiene costos tangibles. La informalidad se alimenta de los vacíos legales. Cuando el comercio formal es demasiado riesgoso o costoso, los actores económicos migran hacia canales no regulados, lo que debilita la recaudación fiscal y fortalece economías ilícitas. Esto contradice directamente los objetivos de seguridad y desarrollo que tanto Bogotá como Washington han planteado para la frontera.
Desde una perspectiva atlantista y pro-mercado, cabe preguntarse si la reactivación comercial con Venezuela será sostenible sin un marco de reglas claras y respeto a la propiedad privada. El libre comercio no es simplemente la ausencia de aranceles; es la presencia de instituciones que garanticen contratos, protejan inversiones y permitan la resolución pacífica de controversias. Sin ello, lo que tenemos hoy es un intercambio mercantilista, vulnerable a los vaivenes políticos y con capacidad limitada para generar desarrollo regional de largo plazo.
Sería responsabilidad del Gobierno Nacional, en coordinación con el sector privado, priorizar la creación de mecanismos institucionales mínimos antes de celebrar cifras de crecimiento comercial. De lo contrario, se corre el riesgo de exportar bienes a cambio de importar inestabilidad. La Cámara de Comercio Colombo-Venezolana cumple un rol vital en mantener el diálogo, pero sus esfuerzos deberían complementarse con una diplomacia comercial firme que priorice la seguridad jurídica sobre la foto diplomática.
Los indicadores macroeconómicos actuales, con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) cerca de los 3.219 pesos y precios del café al alza según Portafolio, ofrecen una ventana de oportunidad para diversificar mercados. Pero esa ventana podría cerrarse rápidamente si no se construye la infraestructura legal necesaria. El comercio con Venezuela no puede seguir siendo un acto de fe; debe convertirse en una relación reglada, predecible y, sobre todo, segura para el empresario colombiano que apuesta por la legalidad y el mercado.