El presidente electo Abelardo De La Espriella oficializó el llamado “Primer Empalme Anticorrupción” y anunció cuatro ejes para la transición: lucha contra la corrupción, “reconstrucción de las narrativas de la Patria”, estabilización de la función pública y rediseño institucional. El proceso, según reportó Caracol Radio, es coordinado por el vicepresidente electo José Manuel Restrepo y reúne a más de 600 expertos y ciudadanos organizados en 23 mesas temáticas, con apoyo de herramientas de inteligencia artificial y análisis documental.
El anuncio tiene, en el papel, una virtud que conviene reconocer: la transición se plantea como una auditoría preventiva, no como un simple relevo de carpetas. La promesa de investigar “hallazgos” y “posibles irregularidades” en la administración saliente, y de documentarlos antes de la posesión, es una práctica que cualquier gobierno serio debería institucionalizar. El propio De La Espriella lo resumió con una frase que, si se cumple, será definitoria: “aquí nadie tiene corona”.
Sin embargo, el riesgo de un ejercicio de esta naturaleza no está en su enunciado, sino en su metodología y en su destino institucional. Tres preguntas quedan abiertas.
Primera: ¿qué se hará con los hallazgos? Un empalme que produce un informe sin dientes se convierte en un acto de comunicación política, no en un instrumento de control. La Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía ya tienen competencia sobre la administración saliente. Duplicar ese trabajo sin articularlo con los organismos de control puede generar dos efectos indeseados: desgaste de las nuevas autoridades y, sobre todo, impunidad por la vía del solapamiento.
Segunda: ¿qué significa “reconstruir las narrativas de la Patria”? La fórmula es ambigua y, en la historia reciente del país, ese tipo de enunciados ha terminado justificando intervenciones sobre la educación, la cultura y los medios públicos que poco tienen que ver con la eficiencia administrativa. Un rediseño del Estado debe medirse en trámites eliminados, contratos auditados y servicios públicos mejorados, no en consignas.
Tercera: ¿qué pasará con los servidores de carrera? La promesa de “estabilizar la función pública” convive con la advertencia de que cualquier irregularidad será investigada “así sea cercano”. Esa combinación puede ser leal con el mérito o puede convertirse en una purga discrecional, según cómo se aplique. La diferencia entre una y otra está en los procedimientos, no en los discursos.
El equipo entrante tiene a su favor algo que muchos gobiernos no tuvieron: tiempo para preparar la transición y un discurso anticorrupción que sintoniza con el cansancio ciudadano. Pero la ciudadanía ya aprendió que las promesas de transparencia se miden en expedientes, no en frases. El verdadero examen del “Primer Empalme Anticorrupción” no será la presentación de hoy, sino la primera decisión que tome el nuevo gobierno cuando alguno de esos 600 expertos le entregue un hallazgo incómodo.
Por ahora, lo que hay es un anuncio. Lo que se viene, según el propio cronograma informado por Caracol Radio, son semanas de mesas técnicas revisando sectores. Cuando esas mesas terminen, el país deberá poder leer un documento público, con cifras, nombres y rutas de actuación. Si eso ocurre, el empalme habrá cumplido. Si no, habremos asistido a una rueda de prensa más.