A dos semanas del inicio formal del empalme entre el gobierno de Gustavo Petro y la administración entrante de Abelardo de la Espriella, el vicepresidente electo José Manuel Restrepo entregó a El Colombiano el primer balance del proceso, y el diagnóstico es el que muchos advertían desde la técnica: destrucción institucional, según sus términos, de profundidad considerable.
El empalme, dijo Restrepo, no se concibe como un trámite de relevo. Cerca de 1.300 personas distribuidas en 22 sectores están revisando la situación del país, con una plataforma de inteligencia artificial destinada a contrastar datos, documentos y contratos del gobierno saliente. La decisión metodológica es relevante: en transiciones anteriores, la entrega de información dependió casi exclusivamente de la buena fe del equipo saliente y de la capacidad política del entrante para presionar. Aquí se introduce verificación algorítmica sobre Secop I, Secop II y los expedientes de ministerios.
El inventario preliminar, según recogió Infobae, incluye cinco puntos críticos: contrataciones masivas en la recta final, deterioro de la capacidad técnica de las entidades, manejo de fondos con baja trazabilidad, servicios esenciales en riesgo —energía y salud— y, en la lectura del nuevo gobierno, un quebranto de las finanzas públicas. No son afirmaciones genéricas. Mencionó un contrato del Ministerio de Defensa por cerca de 13 billones de pesos, una cifra que, de confirmarse en los expedientes contractuales, exigiría revisión inmediata por parte de la Contraloría y de la Procuraduría General.
Sobre la reforma tributaria exprés que el ministro de Hacienda, Germán Ávila, anunció en los últimos días, Restrepo fue directo: gobernar hasta el último día es legítimo, comprometer al Estado de por vida no lo es. La frase apunta a un patrón que esta columna hadocumentado: la concentración de decisiones de gasto y normatividad en las semanas finales del mandato, cuando el control político y ciudadano es menor. Esa práctica, más que ideológica, es de diseño institucional. Reduce el tiempo del sucesor para reversar y deja ataduras presupuestales y regulatorias que sobreviven al gobierno que las expide.
La mención de inteligencia artificial como herramienta de verificación merece una nota de cautela. Bien usada, permite cruzar miles de CDP, contratos y resoluciones en horas, labor que antes tomaba meses. Mal usada, puede convertirse en una caja negra que sustituya el criterio jurídico por un puntaje automatizado. La transición deberá publicar la metodología, los datasets y los criterios de cruce. LaBitácora seguirá esa信息披露 con atención, porque la auditoría de un gobierno saliente es, ante todo, un ejercicio de transparencia sobre el método.
La promesa de poner los hallazgos en manos de la justicia, si se confirman irregularidades, es la pieza que conecta el empalme con el sistema de control. La Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría tienen competencias distintas y concurrentes. Corresponderá al nuevo Ejecutivo entregar expedientes técnicos, no declaraciones políticas, para que esas entidadesactúen dentro de sus competencias. Atribuir ilicitudes sin el debido proceso sería, paradójicamente, repetir el vicio que se denuncia: usar el Estado de manera instrumental.
El país no necesita un empalme-espectáculo. Necesita un empalme-informe, con números, fechas, contratos y trazabilidad. Si las alertas de Restrepo se confirman en la documentación oficial, el saldo de este gobierno será el de haber debilitado la capacidad técnica del Estado, comprometer la estabilidad fiscal y dejar a su sucesor un tablero de emergencia en sectores como salud y energía. Si no se confirman, la verificación algorítmica será, por sí misma, la prueba de que el procedimiento fue serio.
Por ahora, el primer balance existe. Falta el documento. Y en política colombiana, lo que no se publica, no se presume.
Fuentes: Infobae Colombia — José Manuel Restrepo entregó el primer balance del empalme