El coordinador de la transición del presidente electo Abelardo de la Espriella anticipó, en entrevista con Cambio, que el próximo Ejecutivo pretende radicar ante los estrados los hallazgos del empalme. La declaración, recogida en la carta editorial del 5 de julio, vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que en Colombia rara vez se resuelve en los despachos: qué distancia hay entre una denuncia con soporte documental y una promesa de campaña.
Como reportó Cambio, el empalme fue ejercido por alguien del círculo más cercano al presidente electo, con acceso a expedientes, contratos y bases de datos del Estado durante los últimos meses. Esa condición le otorga a sus afirmaciones un peso distinto al de una declaración coyuntural: o se trata del anticipo de un paquete de pesquisas con radicado en la Fiscalía, o se trata de un insumo más para la conversación pública. La historia reciente del país registra ambos casos, y la mayoría termina en el segundo cajón.
La misma edición consigna que la Contraloría habría alertado sobre un pago cercano al billón de pesos por 537 predios vinculados a procesos de extinción de dominio, de los cuales 300 habrían sido entregados para la reforma agraria. El medio indica que solo tres de esos predios contarían con escritura pública. Si la Fiscalía y la Procuraduría corroboran el hallazgo, la ruta institucional existe: responsabilidad fiscal, posible responsabilidad penal y, dependiendo del rango del funcionario investigado, competencia de la Comisión de Acusaciones o de la Corte Suprema. Los plazos, en todo caso, se miden en años, no en季度的es de opinión.
Cambio también recuerda la cifra de 727.416 hectáreas deforestadas en la Amazonía, asociada a más de 8.500 kilómetros de vías abiertas en parques como Tinigua, La Macarena y Chiribiquete, y reitera que la promesa de recuperar billones por corrupción y evasión es una constante de los discursos de posesión. El medio cita a expertos según los cuales convertir esas pérdidas estimadas en ingresos efectivos para el Tesoro es más complejo de lo que sugieren las alocuciones oficiales. Son tres dossiers que el nuevo gobierno puede usar como banco de pruebas inmediato si decide judicializar al antecesor.
Sobre la JEP, la edición incluye declaraciones del exjefe guerrillero Pastor Alape, quien manifestó que los exintegrantes del último secretariado de las Farc acatarán las sanciones restaurativas fijadas por el tribunal por 21.000 secuestros, aunque supeditó ese cumplimiento a la disponibilidad de recursos, a la coordinación institucional y al cronograma previsto. Reabrir el debate sobre la justicia transicional desde el Ejecutivo, como plantea el coordinador del empalme, implica asumir costos políticos y diplomáticos que ningún gobierno anterior ha estado dispuesto a pagar.
La columna vertebral de un gobierno que anuncia investigaciones sobre su antecesor se construye en los primeros cien días. Es ahí donde el empalme deja de ser un ejercicio de transición y se convierte, o no, en un instrumento de rendición de cuentas. Por ahora hay una declaración pública y una auditoría de la Contraloría. Faltan los expedientes con sello de Fiscalía, los radicados en la Comisión de Acusaciones y los autos de apertura formales. Sin esos papeles, la promesa de llevar al expresidente a la justicia seguirá siendo, como tantas otras, una frase de entrevista.