¿Qué queda en pie cuando un gobierno entrega el poder y otro lo recibe? La pregunta tiene en Colombia una respuesta que se repite con una regularidad que debería inquietarnos: menos de lo que una democracia consolidada exigiría. Cada ciclo electoral trae consigo no apenas nuevos rostros y nuevas prioridades, sino una tentación persistente de reabrir debates que el ordenamiento jurídico ya cerró, como si la Constitución fuera un documento provisional que cada administración puede revisar según su conveniencia. Una columna publicada esta semana en Cambio plantea esa inquietud con nitidez, y su premisa central merece una reflexión que vaya más allá del tema específico que la motiva: la idea de que los compromisos esenciales del Estado no se renegocian con cada resultado electoral es, quizás, la definición más precisa de lo que significa vivir bajo un Estado de derecho.
Hay una distinción clásica en la teoría política que ilumina este problema con una claridad que los siglos no han logrado empañar. Tocqueville observó que la democracia no es solamente un procedimiento para designar gobernantes, sino una forma de sociedad que produce hábitos, costumbres e instituciones capaces de sobrevivir a las mayorías circunstanciales. Cuando una comunidad política acepta que ciertos compromisos son permanentes —porque emanan de la Constitución, de la jurisprudencia consolidada y de los tratados internacionales que el país suscribió libremente—, está afirmando que existe un núcleo de la res publica que no está disponible para la negociación electoral. Esa aceptación no es un límite a la democracia; es su condición de posibilidad. Una democracia en la que todo puede ser reconsiderado en cada ciclo no es más democrática: es simplemente más frágil.
Colombia ha construido, en materia de derechos de las mujeres, un andamiaje jurídico que es resultado de décadas de litigio estratégico, movilización social y decisiones de la Corte Constitucional que han interpretado la Carta con una densidad que el Congreso no siempre estuvo dispuesto o fue capaz de traducir en ley. La Sentencia Causa Justa, que despenalizó el aborto hasta la semana veinticuatro, es quizás el ejemplo más visible de ese proceso, pero no el único. Lo que ese acervo jurisprudencial representa no es una victoria de un sector político sobre otro, sino la expresión de una obligación del Estado que trasciende las afinidades ideológicas de quienes lo conducen temporalmente. Reconocer esto no implica clausurar el debate democrático; implica situarlo en el lugar correcto.
Y aquí está el punto que la reflexión publicada en Cambio acierta al subrayar: el problema central de Colombia ya no es principalmente normativo. El país tiene un marco constitucional robusto. Lo que no tiene, o tiene de manera insuficiente y desigual, es la capacidad institucional para hacer efectivo lo que ese marco promete. Las brechas territoriales en el acceso a servicios de salud, la persistencia de violencias basadas en género que el aparato estatal no logra contener, la fragilidad de las instituciones encargadas de garantizar derechos en regiones donde el Estado sigue siendo más una promesa que una presencia: esos son los problemas que no se resuelven con discursos ni con sentencias, sino con presupuesto, con capacidad administrativa y con voluntad política sostenida más allá del calendario electoral. Es una observación que debería incomodar por igual a gobiernos de todos los signos, porque ninguno ha resuelto esa brecha.
La configuración política que emerge del último ciclo electoral añade una dimensión adicional a este desafío. Un Congreso fragmentado, en el que ninguna fuerza puede imponer unilateralmente su agenda, puede ser leído de dos maneras. La primera, pesimista, lo ve como una receta para el bloqueo y la parálisis. La segunda, más exigente pero también más fértil, lo entiende como una invitación a recuperar el valor de la deliberación: ese arte democrático que consiste en construir acuerdos entre quienes no piensan igual, no porque hayan abandonado sus convicciones, sino porque entienden que gobernar implica encontrar convergencias en torno a aquello que no debería depender de las mayorías circunstanciales. Popper defendía que la sociedad abierta se distingue no por la ausencia de conflictos, sino por la existencia de instituciones capaces de procesarlos sin destruirse mutuamente. Un Legislativo obligado a negociar puede ser, paradójicamente, más democrático que uno donde una mayoría disciplinada simplemente impone.
Esto no significa, conviene decirlo con claridad, que la deliberación sea un fin en sí mismo ni que los acuerdos sean siempre virtuosos. El consenso mal construido puede ser tan dañino como el conflicto estéril, y la historia colombiana ofrece ejemplos de ambos. Lo que la fragmentación del Congreso exige es algo más difícil que el acuerdo fácil: exige que las fuerzas políticas identifiquen aquello que pertenece al terreno de lo negociable y aquello que pertenece al terreno de lo ya resuelto, y que actúen en consecuencia. Los derechos de las mujeres, en su núcleo constitucional y jurisprudencial, pertenecen a la segunda categoría. Las políticas públicas para hacerlos efectivos, los mecanismos institucionales, las prioridades de inversión: eso sí es materia de deliberación, y allí el Congreso tiene una responsabilidad que no puede eludir.
El examen final, entonces, no es discursivo. No se trata de qué dicen los gobernantes sobre los derechos de las mujeres en los discursos de posesión o en las cumbres internacionales. Se trata de si una mujer en el Chocó o en La Guajira puede acceder a los servicios que la Constitución le reconoce con la misma efectividad que una mujer en el norte de Bogotá. Esa pregunta no tiene respuesta ideológica. Tiene respuesta institucional, presupuestal y administrativa. Y es la única que importa cuando los reflectores se apagan y los ciclos electorales continúan su marcha. Los derechos que dependen del humor de cada gobierno no son derechos: son concesiones revocables. Colombia lleva demasiado tiempo confundiendo unas con otros.