El Pacto Histórico perdió la Presidencia y, con ella, la disciplina que el Ejecutivo impone a sus aliados legislativos. La declaración firmada por 43 representantes y 26 senadores, divulgada el 25 de junio, marca el inicio formal de la oposición al gobierno de Abelardo de la Espriella y, al mismo tiempo, deja al descubierto un movimiento que necesita reordenarse antes que confrontar.
El documento, replicado por Caracol Radio, anuncia que la bancada “avanzará en la definición de su declaratoria de oposición” conforme al Estatuto de la Oposición. La fórmula es prudente: no se trata todavía de una declaratoria inscrita ante el Consejo Nacional Electoral, sino de un proceso en curso que la colectividad dice coordinar con la Dirección Nacional Provisional.
Tres elementos del comunicado merecen lectura cuidadosa.
Primero, la ratificación del respaldo a las reformas de la administración Petro y a la candidatura de Iván Cepeda y Aída Quilcué. La bancada reivindica la agenda de paz, justicia social, educación pública, derechos laborales y pensionales como ejes irrenunciables. Esa enumeración funciona como un inventario de lo que el petrismo considera conquistas y que, desde su óptica, el nuevo gobierno pretendería desmontar. Habrá que ver cuáles de esas reformas tienen ya efectos regulatorios consolidados y cuáles dependen de la próxima correlación de fuerzas en el Congreso.
Segundo, la oferta simultánea de diálogo. El mismo texto que anuncia oposición “firme, democrática y movilizada” abre la puerta a un Acuerdo Nacional para “defender la democracia, preservar la paz y garantizar el respeto por la Constitución”. La contradicción es solo aparente: la oposición declarada no impide, según el Estatuto, la suscripción de acuerdos en temas específicos. Pero la ambigüedad le sirve al Pacto para mantener abiertas varias puertas mientras define su estrategia electoral.
Tercero, la convocatoria a un Frente Amplio por la Vida. La bancada designó nueve compromisarios en Cámara y siete en Senado para articular el diálogo con otras fuerzas. La lista incluye nombres como Aída Quilcué, Gabriel Becerra, Heráclito Landínez, María del Mar Pizarro, Agmeth Escaf Tijerino y Pedro Hernando Flórez Porras. La composición revela dos cosas: la presencia de figuras del petrismo duro junto a voces más moderadas, y la ausencia de liderazgos nuevos que renueven el discurso tras la derrota del 7 de junio.
El comunicado cierra con un anuncio operativo: el primer Congreso Nacional Fundacional del Pacto Histórico. Esa convocatoria es, en los hechos, el verdadero corazón del documento. Una bancada que se declara oposición sin haber resuelto su crisis interna, su situación jurídica ante el CNE y su reorganización territorial difícilmente podrá sostener una confrontación legislativa sostenida.
El gobierno entrante recibe así un adversario visible pero debilitado. La declaratoria de oposición le asegura al Pacto acceso a tiempos en medios públicos, vocería en debates y, sobre todo, la narrativa de “defensores de las reformas”. Pero la unidad interna que el texto proclama choca con la evidencia: un movimiento que en cuatro años pasó de la Plaza de Bolívar al llano de la oposición necesita más que un comunicado para reconstruirse.
La pregunta operativa es si el Estatuto de la Oposición se utilizará como escudo institucional o como plataforma electoral. Las dos cosas, probablemente. Pero el país no necesita otra fuerza que use las instituciones para sobrevivir; necesita una oposición que fiscalice, proponga y, cuando sea necesario, vote con el gobierno en lo que convenga al interés general. Por ahora, el Pacto eligió la primera ruta. Falta saber si está en condiciones de recorrerla.