A tres días de la segunda vuelta presidencial, la Procuraduría General de la Nación y la Registraduría convocaron en Bogotá a más de 30 directores y editores de medios regionales para reiterar un mensaje que, en una república funcional, debería ser innecesario: los resultados se respetan y solo una autoridad tiene competencia para definir si una elección fue válida.
Según reportó La Nación de Neiva, el procurador Gregorio Eljach Pacheco sostuvo que el Consejo Nacional Electoral es el único organismo con efectos jurídicos determinantes para establecer la validez de una elección, a partir del escrutinio que realizan los jueces sobre la organización elaborada por la Registraduría. La afirmación, textual del jefe del Ministerio Público, traza el perímetro institucional dentro del cual debe moverse cualquier controversia postelectoral. Cualquier pronunciamiento paralelo, venga de donde venga, queda por definición fuera de ese perímetro.
El mismo Eljach recordó que los servidores públicos deben mantener una postura neutral en el ejercicio de sus funciones, y que una de esas funciones es la dirección del proceso electoral. El recordatorio tiene peso normativo: la neutralidad no es una recomendación moral, es un deber funcional sancionable. La pregunta que queda abierta es si la Procuraduría, que hoy convoca a medios regionales con la velocidad que el momento exige, actuará con la misma prontitud si esa línea se cruza. El Ministerio Público tiene instrumentos disciplinarios para hacerlo; usarlos o no es una decisión que se medirá por hechos, no por comunicados.
La estrategia Paz Electoral articula a la Registraduría, la Contraloría, las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y organizaciones de la sociedad civil. Es un andamiaje institucional razonable. La herramienta pedagógica La Escalera de la Democracia, también impulsada por la Procuraduría, ordena en siete escalones las exigencias del sistema: que haya elecciones, que sean libres, transparentes, seguras, oportunas, conscientes y, finalmente, que se respeten los resultados. El último peldaño, según Eljach, define si el ejercicio fue libre, legítimo y seguro. La pedagogía tiene mérito, pero conviene no confundirla con el resultado: el lunes se medirá con cifras y con actas, no con declaraciones.
El registrador Hernán Penagos Giraldo, por su parte, pidió humildad en la victoria y grandeza en la derrota, y calificó la jornada como una fiesta y no una guerra. La metáfora es benévola con una democracia que en los últimos años ha visto cómo el lenguaje bélico se colaba en la política cotidiana. Una fiesta presupone reglas, moderación y un final pactado de antemano. Si los actores políticos no están dispuestos a aceptar ese pacto, ninguna pedagogía institucional alcanzará.
Dos consideraciones finales. Primera: la convocatoria a medios regionales es una señal de que la Procuraduría entiende el papel de la prensa local como correa de transmisión en territorios donde la desinformación circula con mayor facilidad. Es una decisión que cabe registrar como acertada. Segunda: el verdadero examen de Paz Electoral no será el domingo en las urnas, sino en las 72 horas siguientes. Allí se medirá si las palabras pronunciadas esta semana se tradujeron en hechos o si quedaron en el archivo de comunicados institucionales.
La democracia colombiana no necesita más declaraciones de amor institucional. Necesita que quienes pierdan se comporten como perdedores y que quienes ganen gobiernen para todos, incluso para los que no los acompañaron en las urnas.