Una postal institucional que conviene leer con cuidado
En la antesala de la segunda vuelta presidencial, la I Cumbre Internacional de Instituciones Autónomas y de Control dejó una imagen poco habitual en la vida institucional colombiana: los titulares de la Procuraduría, la Registraduría y la Contraloría compartieron escenario, diagnóstico y vocería. El procurador Gregorio Eljach, el registrador Hernán Penagos y el contralor Carlos Hernán Rodríguez salieron a respaldar de manera conjunta la transparencia del proceso electoral y la legitimidad de los resultados de la primera vuelta.
Según reportó Caracol Radio, Eljach calificó de “anuncios apocalípticos” las versiones sobre un eventual fraude y sostuvo que la desinformación, el uso indebido del espectro electromagnético y las redes sociales constituyen el principal riesgo del proceso. Penagos celebró que más ciudadanos se informen sobre cómo se desarrolla la jornada electoral, mientras Rodríguez pidió “bajar el tono” a los señalamientos entre candidatos y recordó que las autoridades deben “dar el ejemplo” sin descuidar la independencia de las instituciones.
Lo que estuvo en juego en la cumbre
En un país donde los organismos de control han sido objeto de cuestionamientos cruzados desde distintos sectores, que sus titulares salgan a respaldar de manera conjunta la transparencia del proceso tiene un peso institucional específico. La expresión que eligió el procurador —“Paz Electoral”— condensa la idea de que el resultado del 15 de junio solo será plenamente legítimo si se respeta sin condiciones, empezando por quienes pierdan.
De lo ocurrido en la cumbre se desprenden al menos tres ejes que conviene registrar.
Primero, el llamado sobre redes y espectro electromagnético. Los tres funcionarios coincidieron en que la desinformación es, en sus palabras, “el gran enemigo del proceso electoral”. El llamado a plataformas y medios no es decorativo: en la primera vuelta circularon cadenas, audios manipulados y piezas atribuidas falsamente a medios de comunicación, cuyo origen y verificación suele llegar después del daño.
Segundo, la defensa de la independencia de los órganos de control. El contralor fue explícito al señalar que las autoridades deben “dar el ejemplo” al país, pero sin descuidar la independencia de las instituciones. En un contexto de polarización, esa declaración interpela a todos los funcionarios que, desde sus cargos, emiten juicios sobre candidatos o sugieren irregularidades sin soporte probatorio.
Tercero, la frase del procurador sobre “no agarrarnos a puños o balazos porque otro piensa de manera distinta”. El procurador fue directo al punto que más preocupa en regiones con presencia de grupos armados y economías ilegales: la violencia política. Convocar a la “Paz Electoral” desde la Procuraduría es, en la práctica, una orden preventiva, no un eslogan.
Lo que la cumbre no abordó con nombres propios
Quedan tareas pendientes. No hubo referencia pública a las denuncias que han circulado sobre posibles presiones a testigos electorales en algunos municipios, ni a los reportes de movimientos atípicos de dinero de campañas en la última semana. Tampoco se mencionaron los expedientes disciplinarios que la Procuraduría habría abierto contra funcionarios por el presunto uso de bienes públicos con fines proselitistas, ni las indagaciones de la Contraloría sobre contratación en regiones donde el calendario electoral coincide con la ejecución de obras públicas. Esos expedientes existen y su avance será el termómetro real de la independencia que los tres organismos dijeron defender.
Por ahora, el mensaje de la cumbre sirve como punto de partida. ¿Estará el sistema de control a la altura de su propia consigna durante la segunda vuelta? Esa es la pregunta que separa a este ciclo de aquellos en los que la transición de poder quedó lesionada. Las elecciones pasan, como recordó Eljach. Las instituciones se quedan —y con ellas, la obligación de custodiarlas.