La radicación del Proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027 por parte del ministro de Hacienda, Miguel Gómez, marca un punto de inflexión en la gestión fiscal colombiana. La propuesta asciende a $634,9 billones, lo que representa un ajuste significativo frente a la proyección heredada de la administración Petro. Este incremento no es discrecional ni responde a una expansión ideológica del gasto; es una corrección técnica obligada tras el rechazo legislativo a las cuentas anteriores y una respuesta directa a la catástrofe natural del 10 de agosto.
Para los mercados y los socios comerciales de Colombia, este movimiento envía dos señales claras. Primero, que el gobierno de Abelardo De La Espriella prioriza la viabilidad contable sobre la continuidad política. Segundo, que la atención de desastres naturales se está integrando como una variable estructural en la planificación macroeconómica andina, algo que los inversionistas extranjeros y las calificadoras de riesgo observan con detenimiento ante la creciente volatilidad climática en la región.
Una corrección técnica necesaria
El proyecto anterior, formulado por el exministro Germán Ávila, contemplaba $575,6 billones, equivalentes al 27 % del PIB. Las comisiones económicas devolvieron esa iniciativa por falta de respaldo fiscal, un hecho inédito que evidenció el deterioro de la credibilidad presupuestal al final del mandato pasado. La nueva cifra implica un aumento de $59,3 billones, cercano al 10,3 %. En términos de responsabilidad fiscal, este ajuste es preferible a mantener un presupuesto subejecutado o financiado con pasivos ocultos.
Desde una perspectiva de centro-derecha institucionalista, validar un presupuesto realista es defender el Estado de derecho económico. Un presupuesto inflado artificialmente para cumplir promesas populistas termina en incumplimientos contractuales y demandas contra la Nación. Al ajustar las cifras a la realidad de los ingresos y las obligaciones reales, el Ministerio de Hacienda protege la seguridad jurídica. Para la banca multilateral y los tenedores de bonos soberanos, la transparencia en la base presupuestal es tan importante como el monto mismo del déficit.
El costo fiscal de la emergencia sísmica
El factor determinante en esta variación es la emergencia provocada por el terremoto del 10 de agosto. A diferencia de otros choques externos transitorios, un sismo de esta magnitud genera necesidades de reconstrucción que se extienden por varios ejercicios fiscales. La literatura económica sobre desastres en países emergentes, incluida la del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), advierte que subestimar estos costos conduce a crisis de liquidez regional. Colombia no puede permitirse financiar la reconstrucción mediante emisión monetaria primaria sin anclarla en una fuente de recursos clara.
Este componente del presupuesto debe leerse también en clave geopolítica. La capacidad de respuesta estatal ante desastres es un indicador de fortaleza institucional frente a actores ilegales que suelen aprovechar el vacío post-catástrofe. Si el Estado central falla en la provisión de bienes públicos básicos durante la reconstrucción, cede terreno a economías criminales. Por tanto, cada peso adicional asignado a la recuperación territorial tiene un doble dividendo: reactivación económica y presencia institucional legítima.
Señales para la inversión y el comercio exterior
Para el sector privado y nuestros socios en Washington y Bruselas, la pregunta inmediata es cómo se financiará este diferencial de casi $60 billones. La credibilidad del plan depende de que el financiamiento provenga de fuentes sostenibles y no de reformas tributarias recurrentes que castiguen la formación de capital. En un entorno donde la tasa de cambio ha mostrado volatilidad reciente, según explicaciones del Gerente del Banco de la República, la consistencia entre el presupuesto y la política monetaria es vital.
Además, este ejercicio presupuestal coincide con evaluaciones internacionales sobre la solvencia colombiana. Instituciones como Fitch o Moody’s mirarán si el aumento del gasto es temporal y contingente, o si refleja un cambio permanente en la estructura del tamaño del Estado. La narrativa oficial sugiere lo primero, vinculado a la emergencia. Mantener esa disciplina será clave para preservar el grado de inversión y las condiciones de acceso a crédito externo. En última instancia, un presupuesto honesto, aunque más alto, es mejor negocio para Colombia que uno barato pero ficticio.