El sismo de magnitud 5.4 registrado frente a la costa de Chiapas, México, no representa una amenaza catastrófica inmediata para la infraestructura crítica de ese país, pero sí funciona como un recordatorio geológico ineludible para la región andina. Aunque el epicentro se ubicó en territorio mexicano, la dinámica tectónica que lo originó es la misma que mantiene en vilo permanente al occidente de Colombia. Este evento, reportado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC) como preliminar y sujeto a ajustes, no debe leerse como una curiosidad lejana, sino como un espejo de nuestra propia exposición al riesgo en el Cinturón de Fuego del Pacífico.
Una tectónica compartida sin fronteras políticas
La geología no respeta jurisdicciones ni tratados de libre comercio. La placa de Cocos, responsable de la sismicidad en Chiapas, es pariente cercana de la placa de Nazca que subduce bajo la Sudamericana frente a nuestras costas de Nariño, Cauca y Chocó. Ambas zonas forman parte del mismo sistema de subducción que concentra, según estimaciones geológicas globales, cerca del 80% de los sismos más energéticos del planeta. Para Colombia, esto significa que la tranquilidad relativa tras un sismo moderado en un país vecino no equivale a seguridad propia.
La lección para Bogotá y para las capitales andinas es que la gestión del riesgo no puede ser reactiva ni depender exclusivamente de la capacidad fiscal de cada gobierno tras el desastre. En un contexto donde la región enfrenta presiones fiscales y una desaceleración del crecimiento económico, la prevención sísmica compite por recursos con subsidios y gasto social corriente. Sin embargo, los datos históricos son contundentes: el costo de la reconstrucción siempre supera por órdenes de magnitud la inversión en mitigación. El terremoto del Eje Cafetero de 1999, que dejó más de mil muertos y destruyó miles de unidades productivas, demostró que la resiliencia económica de una región entera puede colapsar en segundos si la normativa de construcción y la planificación territorial no se respetan.
Cooperación técnica como bien público regional
Desde una perspectiva atlantista y de integración hemisférica, la respuesta ante estos fenómenos debería trascender la retórica diplomática. México posee una de las agencias de protección civil y monitoreo sísmico más sofisticadas de América Latina, forjada tras el devastador terremoto de 1985. Colombia, por su parte, ha desarrollado una experiencia invaluable en la reconstrucción post-desastre y en la adaptación de códigos de construcción en zonas de alta amenaza. Existe un espacio subutilizado para la transferencia técnica bilateral y multilateral que no depende de la alineación ideológica de los gobiernos de turno.
La Alianza del Pacífico, por ejemplo, podría activar protocolos de intercambio de datos en tiempo real y estandarización de normas antisísmicas con mayor agilidad. No se trata de crear nuevos organismos burocráticos, sino de operacionalizar los existentes. Cuando ocurre un sismo en Chiapas, los sensores colombianos lo registran; cuando tiembla en Santander, los mexicanos lo ven en sus pantallas. Esa interconexión técnica es un activo de seguridad hemisférica que debe blindarse de la volatilidad política.
Además, la cooperación internacional con socios extra-regionales como Estados Unidos, Japón y la Unión Europea debe enfocarse en fortalecer capacidades técnicas locales y no en proyectos de visibilidad mediática. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) y la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA) tienen programas de larga data en la región que han salvado vidas mediante la mejora de sistemas de alerta temprana. Mantener y ampliar estos vínculos técnicos es una prioridad de seguridad nacional para cualquier administración colombiana, independientemente de su signo político.
La memoria histórica como insumo de política pública
El registro histórico citado por el SGC sobre los sismos más mortíferos en Colombia —desde el evento de 1868 en la frontera con Ecuador hasta Páez en 1994— evidencia un patrón: la letalidad no depende solo de la magnitud, sino de la calidad de la gobernanza territorial previa al desastre. Los asentamientos informales en laderas inestables, la autoconstrucción sin supervisión y la ocupación de zonas de amenaza alta son problemas de ordenamiento territorial y de presencia institucional, no meramente geológicos.
Para un país que aspira a atraer inversión extranjera y consolidar sus cadenas de exportación, la gestión del riesgo sísmico es también un indicador de competitividad. Las aseguradoras internacionales, los fondos de inversión y los socios comerciales evalúan la resiliencia física de la infraestructura productiva. Un sismo de 5.4 en Chiapas es una señal de baja intensidad, pero suficiente para recordar que, en el arco andino, la estabilidad del suelo es tan importante como la estabilidad macroeconómica. Ignorar esta realidad por considerar que “no pasó nada grave” es un lujo que ninguna economía emergente puede permitirse.
La tarea pendiente para Colombia es convertir la conciencia del riesgo en política de Estado permanente, con financiación asegurada y desvinculada de los ciclos electorales. La geología seguirá su curso indiferente a nuestros debates políticos; la pregunta es si nuestras instituciones estarán a la altura del próximo evento mayor.