El aterrizaje del presidente Gustavo Petro en La Habana, confirmado por El Heraldo como su último destino oficial antes de entregar el mando, trasciende el protocolo de despedida. Según reportes de la Agencia EFE, el mandatario reiteró su postura sobre “la Cuba agredida” y su intención de oponerse a una “guerra en el Caribe”, reafirmando una sintonía política que ha caracterizado su cuatrienio. Sin embargo, este gesto simbólico ocurre en un momento de alta volatilidad institucional: el presidente electo, Abelardo De la Espriella, ha anunciado públicamente su intención de romper relaciones diplomáticas y cerrar la embajada colombiana en la isla de manera inmediata tras asumir.
Esta transición plantea un desafío técnico y geopolítico que va más allá de las preferencias ideológicas. Desde una perspectiva de política exterior profesional y de mercado, la pregunta no es si Colombia debe alinearse con estándares democráticos —algo indispensable—, sino cómo ejecutar ese realineamiento sin generar vacíos operativos que comprometan la seguridad nacional o la estabilidad regional en un Caribe ya complejo.
Los costos operativos de la desconexión
La decisión de cerrar canales diplomáticos responde a una lógica de coherencia atlantista necesaria tras años de distanciamiento de Washington y Bruselas. No obstante, la ejecución intempestiva de esta medida podría tener efectos contraproducentes. Cuba, pese a su severa crisis económica y al aislamiento regional agravado, según analistas consultados por medios internacionales, por la reciente captura de Nicolás Maduro en Venezuela, conserva capacidades de incidencia en dinámicas migratorias y de seguridad que afectan directamente al litoral colombiano.
Eliminar el canal diplomático sin una estrategia de mitigación técnica puede convertir a La Habana en un actor disruptivo precisamente cuando Colombia busca consolidar su relación con la administración estadounidense y recuperar la confianza de los inversionistas institucionales. La soberanía se defiende con presencia inteligente y cálculo estratégico, no solo con gestos de ruptura. Si bien es legítimo revisar vínculos con regímenes que no respetan el Estado de derecho, la diplomacia colombiana debe evitar caer en la misma instrumentalización que critica. Desmontar procesos como la “paz total” y retirar respaldo político son decisiones de Estado válidas, pero requieren canales técnicos que protejan la cooperación antinarcóticos y la inteligencia fronteriza, evitando dejar espacios que otros actores puedan aprovechar.
Realidades económicas frente a la retórica
Mientras el gobierno saliente enfatiza la solidaridad política, los indicadores macroeconómicos pintan un panorama distinto. Según estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y reportes del Banco Mundial, la economía cubana acumula una contracción estructural que dificulta cualquier recuperación sostenible sin reformas profundas de mercado. La narrativa de la agresión externa omite que la ausencia de propiedad privada, la falta de independencia judicial y la represión política son barreras endógenas que ahuyentan la inversión y destruyen el tejido productivo.
Para Colombia, cuya balanza comercial con la isla es marginal y cuya prioridad es atraer capitales para infraestructura y transición energética, mantener una defensa retórica de un modelo fallido tiene un costo de oportunidad alto. Las agencias de calificación de riesgo y los fondos de inversión observan estas señales de política exterior como indicadores de predictibilidad institucional. Un país que aspira a ser plataforma logística entre el Atlántico y el Pacífico no puede subsidiar políticamente a regímenes que ofrecen cero garantías jurídicas. La cooperación bilateral mencionada por la Cancillería cubana, en la práctica, ha sido asimétrica y poco productiva para los contribuyentes colombianos, desviando recursos que podrían destinarse a integración comercial con socios estratégicos.
El nuevo mapa hemisférico y la prudencia estratégica
El giro hacia la derecha en América Latina y el fortalecimiento del eje Washington-Brasilia-Bogotá que se perfila con el gobierno entrante presentan una ventana de oportunidad para reinsertar a Colombia en las cadenas de valor occidentales. Este realineamiento, sin embargo, no debe confundirse con una adhesión acrítica ni con impulsos reactivos. Como defensores del libre comercio y la democracia liberal, debemos reconocer que la presión sobre Cuba es comprensible ante la negativa del régimen a democratizarse, pero Colombia debe liderar, junto a aliados como Estados Unidos y la Unión Europea, una agenda positiva para la población cubana que trascienda el castigo al aparato estatal.
La herencia geopolítica que deja este último viaje es pesada, pero también clarificadora: ha demostrado los límites de la diplomacia basada en la identidad partidista. El reto del nuevo gobierno es construir una política exterior de Estado, predecible y anclada en el interés nacional, donde la defensa de la democracia y el mercado sea innegociable, pero donde la prudencia estratégica guíe cada paso. En un Caribe complejo, la ausencia de Colombia no será llenada por el silencio, sino por la inestabilidad. Nuestra tarea es asegurar que esa presencia sea sinónimo de institucionalidad y prosperidad, gestionando la transición con la responsabilidad que exige el momento histórico.