La presidencia rotatoria de Colombia en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) debería ser, en teoría, el punto más alto de nuestra diplomacia multilateral. Sin embargo, la intervención del presidente Gustavo Petro en Nueva York confirma una tendencia preocupante: el uso de este escenario no para construir consensos técnicos sobre seguridad hemisférica, sino para proyectar una narrativa ideológica que choca frontalmente con los intereses estratégicos de Colombia y sus aliados tradicionales.
Desde una perspectiva institucionalista y de mercado, resulta alarmante que la máxima tribuna de seguridad global se utilice para cuestionar la legitimidad de operaciones antinarcóticos o para equiparar políticas migratorias de democracias occidentales con regímenes totalitarios del pasado. Esta retórica no es gratuita; tiene costos tangibles en una relación bilateral con Estados Unidos que ya atraviesa momentos de alta complejidad.
Retórica versus realismo diplomático
El mandatario advirtió sobre un supuesto “holocausto migratorio” y criticó duramente a Estados Unidos e Israel por su ausencia en el debate. Si bien la defensa de los derechos humanos es un pilar innegociable de cualquier democracia liberal, el tono y las comparaciones históricas empleadas carecen de la precisión necesaria en un foro de esta naturaleza. Al vincular la gestión migratoria de países democráticos con la ideología nazi, se desdibuja la línea entre la crítica legítima y la descalificación moral.
Para Colombia, cuyo acceso a mercados, cooperación técnica y seguridad depende en gran medida de la confianza con Washington y Bruselas, este tipo de declaraciones generan un ruido diplomático innecesario. No se trata de silenciar la voz de Colombia, sino de entender que la diplomacia efectiva en el Consejo de Seguridad se basa en la construcción de coaliciones y en la propuesta de soluciones viables, no en el activismo confrontacional. La referencia del presidente a su inclusión en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) como un motivo de orgullo, aunque comprensible desde su biografía personal, resulta disonante cuando se ejerce la presidencia de un órgano encargado de hacer cumplir sanciones internacionales y mantener la paz.
El riesgo del aislamiento institucional
Más allá de la fricción con Estados Unidos, la intervención revela una desconexión con la realidad institucional regional. El presidente alertó sobre voces internas que proponen la salida de Colombia de la ONU y de la Organización de Estados Americanos (OEA). Aunque es válido debatir la eficacia de estos organismos, normalizar el discurso de la ruptura multilateral desde la propia presidencia de la República es peligroso.
En un contexto donde el eje Bogotá-Washington-Brasilia debería estar más coordinado que nunca frente a amenazas transnacionales como el narcotráfico y la inestabilidad venezolana, la priorización de un “diálogo entre civilizaciones” abstracto desplaza la agenda de seguridad concreta. Mientras Colombia habla de desarme nuclear global —una causa noble pero lejana a nuestras urgencias inmediatas—, la región andina enfrenta una crisis de gobernabilidad y seguridad que requiere respuestas operativas y cooperación policial, no solo filosofía política.
La crítica a la suspensión de operaciones militares contra el narcotráfico en el Caribe, tildándolas de injustas, ignora que estas acciones son parte de una estrategia de seguridad compartida. Cuestionarlas públicamente en la ONU debilita la posición de negociación de Colombia para exigir corresponsabilidad en la lucha contra las drogas. La soberanía se defiende con instituciones fuertes y alianzas estratégicas, no con aislamiento retórico.
Costos de oportunidad para la región andina
La presidencia del Consejo de Seguridad es una ventana de oportunidad efímera. Otros países de la región han utilizado este espacio para visibilizar crisis humanitarias con datos duros, proponer reformas a la arquitectura financiera internacional o mediar en conflictos con pragmatismo. Al centrar el discurso en la polarización ideológica y en la memoria histórica personal, se desperdicia la chance de posicionar a Colombia como un actor racional y confiable en la gobernanza global.
Los mercados y los socios comerciales observan estas señales. La estabilidad jurídica y la previsibilidad diplomática son activos tan importantes como la tasa de cambio o la inflación. Un discurso que antagoniza sistemáticamente con los principales socios comerciales y de seguridad introduce un factor de riesgo político que, eventualmente, se traduce en primas de riesgo más altas y menor inversión extranjera directa.
No se trata de pedir sumisión, sino profesionalismo. Colombia necesita una cancillería que entienda que defender los intereses nacionales en el siglo XXI requiere equilibrar principios con pragmatismo. La hermandad de la humanidad que invoca el presidente es un ideal loable, pero en el Consejo de Seguridad, la paz se construye con acuerdos verificables, no con proclamas morales que, paradójicamente, terminan alejando a quienes deberían ser nuestros aliados naturales en la defensa de la democracia y el Estado de derecho.