La conversación telefónica entre el presidente saliente Gustavo Petro y su homólogo estadounidense, Donald Trump, confirma una realidad incómoda para la diplomacia colombiana: la relación con Washington depende hoy de la química personal entre mandatarios y no de una arquitectura institucional sólida. Los detalles revelados por el propio jefe de Estado sobre el diálogo muestran que, a pesar de los esfuerzos por normalizar el vínculo tras las tensiones de inicios de año, persisten brechas de información y riesgos latentes que trascienden la cordialidad del momento.
Para un país que aspira a mantener su estatus de socio estratégico en la región andina, resulta preocupante que temas críticos como la designación en la lista OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) del Departamento del Tesoro o la percepción sobre la violencia política se resuelvan mediante promesas verbales en una llamada, en lugar de canales técnicos predecibles. Esta dinámica personalista, si bien ha permitido desactivar crisis inmediatas, deja a la política exterior colombiana expuesta a la volatilidad propia de los cambios de administración en ambos países.
Desconexión sobre la realidad electoral
El aspecto más revelador del intercambio fue el reconocimiento de Petro de que Trump desconocía su falta de apoyo al presidente electo Abelardo de la Espriella. Este dato no es anecdótico; evidencia un desfase entre la narrativa que maneja la Casa Blanca y la complejidad de la transición política en Bogotá. Si la administración estadounidense operaba bajo la premisa de una continuidad o de un respaldo tácito que no existía, la base de entendimiento para los próximos meses es más frágil de lo que se asumía públicamente.
Esta desconexión tiene implicaciones prácticas. La política de Washington hacia Colombia suele diseñarse con base en evaluaciones de riesgo y afinidad ideológica. Si esa evaluación parte de supuestos erróneos sobre las alianzas internas en Bogotá, los instrumentos de cooperación, desde la lucha antinarcóticos hasta el apoyo presupuestal, podrían recalibrarse de manera abrupta cuando la realidad se imponga. Para el sector privado y los inversionistas que monitorean la relación bilateral como termómetro de estabilidad, esta falta de claridad es una señal de alerta temprana.
La lista OFAC como síntoma institucional
La permanencia del presidente y su familia en la lista OFAC, y la promesa presidencial de “actuar en el tema”, ilustra la judicialización de la relación bilateral. Más allá del mérito o demérito de las sanciones, lo relevante es que un asunto de esta naturaleza siga dependiendo de la voluntad discrecional del ocupante de la Casa Blanca y no de un proceso administrativo transparente y basado en evidencia técnica. Esto refuerza la percepción de que las herramientas de presión estadounidense se activan o desactivan según la coyuntura política y no exclusivamente bajo criterios de seguridad nacional.
Desde una perspectiva de mercado y Estado de derecho, esta discrecionalidad genera incertidumbre. Si la inclusión o exclusión de funcionarios de alto nivel en listas sancionatorias responde a negociaciones políticas directas, se debilita la credibilidad de estos mecanismos como instrumentos de justicia o seguridad. Para Colombia, cuyo acceso a crédito internacional y flujos de inversión depende de su reputación en cumplimiento normativo, es vital que estos temas se desvinculen de la diplomacia personal y retornen a cauces institucionales verificables.
Sustitución de cultivos y continuidad de políticas
El pedido de Petro para mantener el programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, financiado solo hasta diciembre, pone sobre la mesa el desafío de la transición de políticas públicas. La eficacia de estos programas no se mide por la voluntad del mandatario saliente, sino por indicadores de reducción de hectáreas, seguridad territorial y desarrollo alternativo verificables por terceros. Según datos históricos de la UNODC (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito), la sostenibilidad de la sustitución requiere compromisos plurianuales que superen los ciclos electorales.
La solicitud a Trump para que respalde este programa “por su eficacia” es comprensible en el contexto de la salida, pero insuficiente como garantía. La administración entrante tendrá la última palabra sobre la estrategia antinarcóticos, y Washington deberá negociar esos términos con el nuevo gobierno, no con el saliente. El riesgo es que, al atar la cooperación a la figura de Petro, se genere un vacío operativo durante el empalme que los grupos criminales podrían aprovechar para expandir su control territorial.
Bolívar, Washington y la retórica hemisférica
La referencia histórica a Simón Bolívar y George Washington, aunque simbólica, cumple una función geopolítica: reencuadrar la relación dentro de una tradición republicana hemisférica frente a la polarización actual. En un momento donde la región andina enfrenta presiones de actores extracontinentales y crisis de gobernabilidad, apelar a la memoria compartida es un intento de anclar la relación en valores fundacionales.
Sin embargo, la retórica no sustituye a la infraestructura diplomática. La advertencia de Petro sobre la violencia política y la polarización en los países bolivarianos es válida y compartida por analistas regionales, pero su mitigación requiere mecanismos de cooperación en seguridad y justicia que funcionan independientemente de quién esté en el poder. La amabilidad de la llamada es un activo táctico, pero la estabilidad estratégica de Colombia exige que la relación con Estados Unidos sobreviva a la salida de Petro y a la llegada de De la Espriella sin depender de la memoria histórica ni de las promesas personales.