El 8 de agosto, la representante a la Cámara por Bogotá Mafe Carrascal publicó una serie de mensajes en los que cuestionó al alcalde Carlos Fernando Galán por respaldar la decisión del presidente Abelardo de la Espriella de posesionarse en Cali y de designar, según reportes de prensa, un enlace del Gobierno Nacional para la capital. La congresista acusó al mandatario distrital de variar su discurso sobre la relación con el Ejecutivo central.
El detonante fue una declaración de Galán en la que celebró el enfoque territorial de la nueva presidencia. Citado por Publimetro, el alcalde sostuvo que “Bogotá es la capital de todos los colombianos” y que la decisión de juramentar en Cali “ayuda a tener más presencia del Gobierno Nacional en territorio”. Para Carrascal, esa lectura es contradictoria con el discurso de autonomía que el propio Galán enarboló en los últimos años, y advirtió, en un mensaje reproducido por Publimetro, que la descentralización no debe traducirse en un mecanismo de vigilancia sobre los gobiernos locales.
El intercambio pone sobre la mesa una discusión que va más allá del cruce verbal. Durante el gobierno de Gustavo Petro, la relación entre la Alcaldía de Bogotá y la Casa de Nariño estuvo cruzada por disputas reiteradas sobre seguridad, recursos del Sistema General de Participaciones y manejo de la protesta social. Galán construyó parte de su perfil político local denunciando lo que calificaba como intromisiones del Ejecutivo central. Hoy, según el relato de Carrascal, esa misma defensa se diluye cuando quien gobierna en la Casa de Nariño no es de su mismo signo político.
Hay, sin embargo, un punto que el cruce descuida: la descentralización no es un atributo ideológico, sino un diseño constitucional. Los artículos 1, 287 y 288 de la Constitución definen la autonomía de las entidades territoriales como un principio estructural, no como una concesión del presidente de turno. Lo que se discute en este episodio no es si Galán era autonomista con Petro o si ahora lo es con De la Espriella, sino si la defensa de esa autonomía depende del cálculo electoral. Si así fuera, la institucionalidad territorial quedaría a merced de la geometría política del momento.
La figura del “gerente” o enlace presidencial para Bogotá, anunciada en días pasados, añade un interrogante adicional. Publimetro reportó el 27 de julio que el alcalde celebró esa designación, en la que se delinearon supuestas prioridades de gestión. No es claro, a la luz de la información disponible, si ese rol implica coordinación técnica, articulación de inversión o, como sugiere Carrascal, una suerte de tutelaje sobre el Distrito. La diferencia no es menor: en el primer caso se trataría de un mecanismo legítimo de colaboración entre niveles de gobierno; en el segundo, de una afectación directa a la autonomía reconocida por la Carta.
El episodio deja, por ahora, más ruido que claridad. Un alcalde que varía su discurso sobre la relación con el Ejecutivo según el color político de quien ocupe la Casa de Nariño erosiona la consistencia de su propio proyecto. Una congresista que denuncia la injerencia solo cuando le conviene al Gobierno que ella respaldó incurre, según la misma lógica, en una inconsistencia equivalente. Y una ciudad que observa el péndulo sin obtener respuestas concretas sobre competencias, recursos y coordinación queda, como siempre, a la espera.
La discusión sobre la autonomía de Bogotá merece argumentos sostenidos, no reacciones coyunturales. Si la descentralización es un principio, debe defenderse con el mismo rigor frente a cualquier gobierno. Y si es una bandera electoral, conviene decirlo con franqueza.