El presidente electo Abelardo de la Espriella ha reiterado una intención que lo diferenciaría de sus antecesores: despachar desde Barranquilla, no desde la Casa de Nariño. El primer consejo de ministros ya se realizó allí y, según reportó El Colombiano, el alcalde Alejandro Char anticipó que el 7 de agosto se firmaría el compromiso de convertir a la capital del Atlántico en sede alterna del Ejecutivo, con el Edificio de la Aduana como probable sede del despacho presidencial.
La propuesta tiene un componente simbólico legítimo. Colombia arrastra décadas de bogocentrismo administrativo y la presencia física del primer mandatario en una región distinta a Bogotá puede leerse como un gesto de cercanía territorial. El propio Felipe Murillo, politólogo y profesor de EAFIT, lo describe como “una decisión logística y simbólica” que busca “fijar la mirada en las regiones” frente al centralismo. Es una intención plausible y, en términos de comunicación política, razonable.
El problema es de fondo. La estructura del Estado colombiano no se reconfigura por decreto de voluntad presidencial. Como advierte Murillo, intentar mover la sede operativa del Ejecutivo fuera de Bogotá es comparable a “mover una ballena encallada”: los ministerios, las direcciones técnicas, los archivos, los sistemas de contratación y la cadena de decisiones presupuestales siguen concentrados en el centro de la capital. La tecnología permite suplir algunas distancias, pero no reemplaza la inmediatez de una reunión presencial entre el presidente y su equipo económico, ni la coordinación diaria con la cabeza del sector defensa en un momento de crisis. Desplazar al presidente sin desplazar al Estado es, en el mejor de los casos, una declaración estética.
Hay además un riesgo político que conviene nombrar. La familia Char no solo es aliada del gobierno entrante: tendría al presidente físicamente en su territorio. El Colombiano recuerda que en el gabinete figuran la exgobernadora Elsa Noguera en Transporte y el exsenador Mauricio Gómez Amín en Comercio, entre otras figuras del Caribe. Diógenes Rosero, profesor de la Universidad del Atlántico, plantea tres retos centrales: si la apuesta será Barranquilla o las regiones en general, cuál será el rol de la casa Char, y si habrá interlocución con fuerzas políticas distintas a las del círculo abelardista. La pregunta es pertinente: un gobierno con gabinete “identitario”, sin cuotas partidistas, que además despacha desde la ciudad de su principal aliado regional, puede terminar concentrando poder territorial donde ya existe una maquinaria política consolidada.
La descentralización real exige transferencias formales de competencias, sedes desconcentradas con capacidad decisoria y no solo presencia itinerante del primer mandatario. Anunciar una semana de gobierno en La Guajira, como reveló El Colombiano, o visitas a Norte de Santander y Casanare durante el empalme regional, son ejercicios valiosos pero no sustituyen una reforma institucional. El precedente de Rafael Núñez en Cartagena, citado por el diario, es ilustrativo: gobernó desde el Caribe a finales del siglo XIX, pero el Estado colombiano de hoy es incomparablemente más complejo y más centralizado.
De la Espriella asume el 7 de agosto con una promesa de cercanía territorial que, bien ejecutada, puede oxigenar la relación entre el Ejecutivo y las regiones. Mal ejecutada, se convierte en un costoso ejercicio de marketing con efectos colaterales sobre la coordinación ministerial y sobre el equilibrio de poder en la costa Caribe. La diferencia entre una cosa y la otra no la marcará el lugar desde donde grabe sus transmisiones, sino la decisión de mover, de verdad, la ballena.