¿Es el fútbol una excepción moral? La pregunta surge cada cuatro años, cuando millones de colombianos buscan en Google cómo ver a la Selección sin pagar. El sitio Tarjeta Roja —cuyo nombre ya confiesa la infracción— se convierte en destino habitual. La justificación es siempre la misma: los derechos de transmisión son caros, las plataformas oficiales son deficientes, el Estado no garantiza el acceso cultural. Mutatis mutandis, escuchamos lo mismo quienes piratean libros, evaden impuestos o compran mercancía de contrabando.
El problema no es técnico; es de res publica. La Bitácora ha sostenido, con la constancia de quien no escribe para aplaudir tribunas, que el Estado de derecho no admite menús a la carta. No se defiende la independencia judicial los lunes y se tolera la ilegalidad los martes según la simpatía que despierte el objeto. La piratería deportiva no es un capricho inofensivo: vulnera contratos, desfinancia la industria, expone al usuario a malware, y —lo que aquí importa— corroe la norma como norma.
Hannah Arendt observó que el totalitarismo se alimenta de la banalidad, pero también de la complicidad cotidiana. No estamos, claro está, ante un régimen totalitario. Sin embargo, la lógica es la misma: cada vez que millones deciden que una ley no aplica porque no les gusta su consecuencia, ejercitan el hábito de la excepción permanente. Ese hábito, acumulado, derrumba instituciones más graves que los derechos de transmisión deportiva. Tocqueville advirtió que las democracías no mueren de golpe: se desgastan en la indiferencia hacia reglas pequeñas.
La defensa del usuario no puede confundirse con la apología del ilícito. Es legítimo exigir que Caracol, RCN o las plataformas de streaming ofrezcan precios razonables, interfaces decentes, cobertura nacional. Es legítimo criticar que el Estado no regule con eficacia los oligopolios mediáticos. Ninguna de estas quejas autoriza, sin embargo, el alibi del consumo gratuito. El ciudadano que paga sus impuestos, respeta los semáforos, cumple sus contratos, no puede sentirse liberado de obligaciones porque el producto deseado le resulta costoso o la oferta legal es mediocre.
La oposición, cuando gobernó, tampoco resolvió el dilema. Los gobiernos del centro-derecha prefirieron la retórica del respeto a la propiedad intelectual sin invertir en alternativas accesibles. El gobierno actual, por su parte, oscila entre el populismo regulatorio y la inacción. Ninguno de los dos polos ha entendido que la legalidad requiere legitimidad, y esta última no se decreta: se construye con precios justos, con competencia real, con educación digital. Pero tampoco se construye excusando lo inexcusable.
El Mundial terminará. La Selección avanzará o caerá. Tarjeta Roja seguirá existiendo, probablemente bajo otro nombre. Lo que quedará es la pregunta que este editorial formula sin pretender resolverla fácil: ¿podemos exigir un país de instituciones sólidas cuando nuestra práctica cotidiana las socava por conveniencia? El espectador que piratea el partido no es un delincuente. Es algo más inquietante: un ciudadano normal que ha aprendido que las normas son para los otros. Esa lección, repetida millones de veces, es la que al final nos cuesta más cara que cualquier suscripción.