El 7 de agosto de 2026 quedará registrado en los manuales de derecho constitucional colombiano como la fecha en que se rompió una tradición de más de doscientos años: la posesión presidencial se realizó en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, y no en la Plaza de Bolívar de Bogotá, como exige la costumbre republicana desde 1819. La Constitución no fija un lugar, pero la práctica ininterrumpida sí lo había hecho. Mover la ceremonia a otra ciudad es una decisión política, no protocolar, y merece explicarse.
Según reportó El Universal de Cartagena, al acto asistieron diez jefes de Estado, dos vicepresidentes, quince cancilleres, el rey Felipe VI de España y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. La lista incluye a Javier Milei (Argentina), Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay), Laura Fernández (Costa Rica), José Raúl Mulino (Panamá), Luis Abinader (República Dominicana), José Antonio Kast (Chile) y Nasry Asfura (Honduras). El expresidente Álvaro Uribe Vélez llegó a Cali horas antes de la investidura de Abelardo De La Espriella para el período 2026-2030.
La abundancia de invitados internacionales, lejos de ser un dato neutro, plantea preguntas que el nuevo gobierno debería responder con el decreto de protocolo y no con comunicados de prensa. Tres puntos, en particular, esperan aclaración.
Primero, el costo. Una ceremonia de esa magnitud, trasladada a otra ciudad, implica logística, seguridad, hospedaje, movilidad y cierre de vías. La Presidencia y el Ministerio de Relaciones Exteriores tienen la obligación de publicar el cuadro de gastos con cargo al Presupuesto General de la Nación. No basta con decir que el evento “fortalece la imagen del país”.
Segundo, la pertinencia de algunos asistentes. La presencia de Infantino en una posesión presidencial no tiene antecedente reciente en Colombia. Si el objetivo fue aprovechar la visibilidad para una candidatura internacional —Cali aspira a ser sede de eventos FIFA—, esa decisión debe figurar en un acto administrativo motivado, no en el listado de invitados.
Tercero, el precedente. Si un gobierno puede mudar la posesión a la ciudad que considere conveniente, cualquier sucesor podrá hacer lo mismo. Lo que hoy se presenta como un gesto de “descentralización simbólica” puede convertirse en herramienta de propaganda electoral. La tradición no es un detalle: es la regla no escrita que da continuidad a las instituciones.
Hay un dato adicional que no puede pasar inadvertido. La presencia simultánea de Milei, Kast, Peña y Noboa dibuja un alineamiento regional nítido con gobiernos de derecha dura. Eso no es, en sí mismo, un problema legal. Pero sí obliga a la Cancillería a precisar, en sus primeros cien días, cuál será la postura de Colombia en instancias como la OEA, la Celac y los acuerdos comerciales con bloques que esos mandatarios cuestionan. Las fotos del 7 de agosto se recordarán cuando se voten esos temas.
El centro-derecha institucional que representamos celebra que la transición se haya producido en orden, sin alteraciones de hecho al procedimiento constitucional. Celebra, también, que la posesión haya transcurrido sin los sobresaltos que se temían. Pero el traslado a Cali merece una rendición de cuentas transparente. La institucionalidad no se defiende con simbolismos: se defiende con papeles firmados, cifras publicadas y reglas respetadas.
Que el gobierno de De La Espriella arranque explicando por qué cambió la sede de la posesión es una buena forma de empezar a gobernar.