El 26 de julio, a menos de dos semanas de la fecha prevista para la ceremonia de posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella, se conoció que la sesión solemne del Congreso probablemente no se celebrará en Popayán, sino en Cali. Según reportó Infobae Colombia, la decisión respondería a razones de seguridad y logística, y estaría a la espera del informe que las Fuerzas Militares y la Policía Nacional deben entregar al presidente del Congreso, Honorio Henríquez, sobre las garantías para el desplazamiento de los parlamentarios al Cauca.
Lo ocurrido en las últimas 72 horas describe, con una nitidez incómoda, cómo se está gestionando la transición. Primero se anunció una posesión fuera de Bogotá, en una guarnición militar del Cauca, con un argumento político claro: el nuevo gobierno pretendía arrancar su mandato desde una de las zonas más afectadas por la violencia, como gesto hacia la recuperación territorial del suroccidente. Después, el Senado aprobó parcialmente la proposición de traslado y la Secretaría de la corporación solicitó los informes de seguridad. Y ahora, a 12 días del 7 de agosto, se evalúa mover la ceremonia a Cali, donde la gobernadora Dilian Francisca Toro ya ofreció respaldo público y recordó que el presidente electo inscribió allí su candidatura.
Hay un problema de fondo que va más allá de la geografía. Una ceremonia de investidura no es un evento de campaña: es un acto institucional que requiere condiciones mínimas de previsión. Cuando el Congreso y el equipo entrante debaten la sede a esta altura, lo que queda en evidencia es que la decisión original se tomó sin un estudio serio de capacidad operativa. Las Fuerzas Militares no fueron consultadas antes de fijar el lugar; la Policía Nacional entró en el cálculo después de que la propuesta ya era pública. Esa secuencia es la inversa de lo que debería ocurrir en cualquier transición ordenada.
El contraste con la práctica institucional es directo. La posesión presidencial es, por tradición y por norma, un acto del Congreso de la República. La Constitución establece que el 7 de agosto el presidente y el vicepresidente juran ante el Parlamento, en sesión que la propia corporación preside y organiza. Trasladar esa sesión a otra ciudad exige, como mínimo, un concepto favorable de las autoridades de seguridad y una logística que permita el desplazamiento simultáneo de senadores, representantes, delegaciones extranjeras, invitados del gobierno saliente y del gobierno electo, y la prensa acreditada. Nada de eso parece haberse dimensionado cuando se promocionó Popayán como sede.
La defensa del simbolismo tampoco convence. Si la apuesta era que el primer día de gobierno coincidiera con la presencia del jefe de Estado en una zona golpeada por la violencia, la consecuencia lógica habría sido sostener la decisión y exigirle al aparato de seguridad las condiciones para cumplirla. Cambiar de sede porque el dispositivo no alcanza es, en los hechos, reconocer que el gesto no era ejecutable. El resultado es una ceremonia que termina ajustándose a lo posible, no a lo que se había prometido.
Quedan, además, dos interrogantes abiertos. El primero es procedimental: la modificación de la sede exige una nueva proposición y aprobación en plenaria de Senado y Cámara, en un calendario legislativo ya corto. El segundo es político: si el cambio se concreta, Cali将成为 la primera capital distinta de Bogotá en recibir una posesión presidencial en la historia reciente. Eso no es menor. El precedente se escribe con cada decisión, y esta quedará registrada como la primera vez que un gobierno electo improvisó su propia investidura.
La transición se observa, también, en los detalles. Que voceros del gobierno electo “impulsen” una nueva proposición mientras voceros del Congreso evalúan informes de seguridad muestra que la coordinación entre los dos poderes no está resuelta a doce días del cambio de mando. La institucionalidad no se defiende con discursos: se demuestra en la capacidad de anticipar los problemas logísticos antes de que se vuelvan públicos.
Por ahora, la única certeza es la del calendario: el 7 de agosto, en Popayán o en Cali, un nuevo presidente asumirá el cargo. Lo que reste por decidir entre hoy y esa fecha dirá más sobre el gobierno que empieza que cualquiera de los decretos que firme en sus primeros cien días.