El resultado parcial de la segunda vuelta presidencial en Perú, con el 94,6% de las mesas contabilizadas, muestra al candidato de izquierda Roberto Sánchez con el 50,0% de los votos, por encima de la candidata derechista Keiko Fujimori, según el reporte publicado por La República el 7 de junio de 2026. La jornada, según la misma fuente, convocó a más de 27,3 millones de peruanos habilitados para votar.
Aunque el porcentaje de mesas escrutadas deja margen para ajustes, la diferencia registrada es consistente con las tendencias que las encuestas de boca de urna venían señalando en las semanas previas. Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori y figura histórica de Fuerza Popular, buscaba regresar al Ejecutivo después de los intentos fallidos de 2011, 2016 y 2021. Sánchez, en cambio, representaba una opción ligada a la izquierda no fujimorista, con propuestas de marcada intervención estatal en economía y un discurso de ruptura frente al modelo extractivo.
Para Colombia, esta elección importa por tres razones que rara vez se discuten con seriedad.
Primero, por el vecindario. Perú es el segundo socio comercial de Colombia en la región y comparte una frontera activa, con flujos migratorios, comerciales y de seguridad que no se detienen en la raya política. Un gobierno de izquierda en Lima altera la conversación sobre pesca, seguridad marítima, infraestructura vial binacional y regulación minera informal en zonas como el Putumayo y Amazonas.
Segundo, por el precedente institucional. La elección peruana llega después de cinco años de inestabilidad democrática: un presidente destituido en 2022, una presidenta designada por el Congreso, nuevas elecciones anticipadas y un Pedro Castillo que pasó de juramentar a la policía con un arma a terminar detenido. Cualquier desenlace que respete el voto popular sin episodios de ruptura institucional es, en sí mismo, una buena noticia. La pregunta que queda abierta es si ambos competidores están dispuestos a aceptar el resultado sin activar el manual de la movilización callejera. Si así ocurre, Perú habrá dado una lección que en Colombia conviene repasar: la alternancia no es amenaza, es regla de juego.
Tercero, por el espejo ideológico. La polarización peruana entre un fujimorismo que aún carga el peso de la corrupción y de violaciones a derechos humanos y una izquierda que promete refundar el Estado reproduce, con otros acentos, la dinámica que aquí vivimos desde 2022. La diferencia es que en Colombia esa tensión ha venido acompañada de un deterioro institucional que distintos organismos de control y voceros académicos han venido documentando: decretos de emergencia, ataques a la Corte Constitucional, intentos de quebrar la independencia del Banco de la República, y una reforma a la salud y otra pensional que, como han señalado la Contraloría y distintos expertos, amenazan la sostenibilidad fiscal de largo plazo.
Lo que esté ocurriendo en Lima debe leerse también como recordatorio. ¿Qué pasa cuando un país se acostumbra a gobernar por decreto y a tratar a los organismos de control como adversarios políticos? La respuesta peruana, con todas sus fracturas, es que al menos se somete la disputa al mecanismo más limpio disponible: la urna.
Habrá que seguir el conteo final con atención. Pero la fotografía parcial del 7 de junio ya es un dato político: la centroderecha peruana no logró retener el voto antipopulista que parecía tener asegurado, y la izquierda se ubica por primera vez en el Palacio de Gobierno con un mandato explícito. Las reacciones de los mercados, las cancillerías de la región y los partidos colombianos que toman posición sobre lo que ocurre afuera —no solo por oportunismo, sino por convicción— serán, en las próximas semanas, tan importantes como el resultado mismo.
Como reportó La República, el resultado parcial con el 94,6% de las mesas contabilizadas es todavía preliminar y la Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú deberá consolidar el cómputo en los días siguientes.