La Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú (ONPE) reporta, con el 92,5% de las mesas contabilizadas, una ventaja de 50,1% para Keiko Fujimori frente a 49,8% de Roberto Sánchez en la segunda vuelta presidencial, según el reporte publicado por La República. El mismo medio señala que más de 27,3 millones de peruanos estaban habilitados para votar.
Lo que está en juego trasciende Lima. Perú es el tercer mercado de la Alianza del Pacífico y un socio comercial relevante para Colombia en sectores agroindustriales, minero-energéticos y de servicios. ¿Qué implica para Bogotá cada uno de los dos desenlaces posibles? La candidatura de Sánchez se inscribe en el espacio político que llevó a Pedro Castillo al poder, del que fue expulsado tras los intentos de cierre del Congreso. La de Fujimori, en tanto, propone —según su propio programa— continuidad del ordenamiento macroeconómico de los últimos cinco años y una postura firme frente al crimen organizado y la migración irregular.
El antecedente inmediato pesa. La primera vuelta dejó a Sánchez como sorpresa y a Fujimori por debajo de lo esperado, lo que alimentó la hipótesis de un ballottage cómodo para la izquierda. El resultado parcial desmonta esa lectura y ratifica la fragmentación del electorado peruano, donde la mayoría rechaza tanto el continuismo fujimorista —asociado a la crisis de 2016-2021— como el experimento presidencial que terminó con Castillo detenido y Dina Boluarte en el poder, según el recuento que hace La República del ciclo reciente.
Para Colombia, la lectura es directa. El vecino del sur es el principal origen de migración irregular que tensiona el sistema de salud en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali. ¿Qué capacidad real tendría un próximo gobierno peruano para cooperar en ese frente? Los analistas citados por la prensa regional anticipan que un programa de Sánchez, con limitada capacidad fiscal según esas mismas lecturas, profundizaría la presión sobre los servicios públicos del sur colombiano. Un gobierno con disciplina tributaria y cooperación migratoria activa facilitaría, en principio, los acuerdos bilaterales que hoy están congelados.
Hay, además, un elemento institucional que conviene vigilar. La diferencia ajustada abre la puerta a cuestionamientos del resultado y a pedidos de revisión de actas, un patrón que Perú ha repetido en 2016, 2021 y 2023 según los reportes de la prensa local. El sistema democrático no se mide solo en la calidad del voto, sino en la aceptación del conteo. La ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones deberán publicar las cifras desagregadas por mesa y región para cerrar cualquier ambigüedad, como ocurrió en el proceso que llevó a Boluarte a la presidencia.
La centro-derecha latinoamericana observa con atención. Una derrota de Fujimori en segunda vuelta sería leída en Buenos Aires, Santiago y Asunción como señal de agotamiento del ciclo de gobiernos pro-mercado iniciados en 2023. Una victoria, en cambio, consolidaría el eje Lima-Santiago que ha sostenido la apertura comercial frente al bloque Caracas-Bogotá-Quito. Colombia, en ese escenario, quedaría más aislada en la CAN y con menor margen para eludir los costos políticos de su alineamiento con el gobierno de Nicolás Maduro, según el análisis que hacen distintos columnistas regionales.
El resultado final, según el calendario de la ONPE, se conocerá en las próximas horas. Lo que ya es legible es que el electorado peruano optó por una decisión de Estado: elegir entre dos modelos, sin terceras vías. La inestabilidad que dejó el ciclo Castillo-Boluarte funcionó, paradójicamente, como factor de orden.
Para los colombianos, la conclusión es operativa. Independientemente del ganador, ¿qué pasos concretos debería dar el próximo gobierno para reconstruir la relación bilateral? Esa reconstrucción exige nombramientos profesionales en la embajada, reapertura del mecanismo de consulta política bilateral y un acuerdo migratorio que hoy no existe. Las declaraciones del gobierno de Gustavo Petro sobre la crisis política peruana y el reconocimiento tardío de Boluarte, documentadas por la prensa regional, deterioraron un vínculo que ahora requiere reparación institucional.
Perú decide. Colombia observa. La política exterior del próximo gobierno tendría que empezar por ahí.