La posibilidad de que el presidente Gustavo Petro sea removido de las sanciones estadounidenses no responde a un calendario predeterminado, sino a consideraciones políticas que la administración Trump puede activar en cualquier momento. Así lo planteó un exfuncionario de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) en diálogo con medios colombianos, abriendo un interrogante incómodo sobre la naturaleza discrecional de estas medidas.
La observación toca un punto neurálgico de la relación bilateral: las sanciones contra jefes de Estado no son automáticas ni están blindadas por criterios técnicos únicamente. Son instrumentos de política exterior que pueden activarse o desactivarse según los intereses de quien las impone. En el caso de Colombia, esto significa que la salida de la lista depende menos de cambios estructurales en la política de drogas o seguridad que de cómo Washington evalúe la utilidad política de mantener la presión.
El factor político por encima de la legalidad
Lo que el exfuncionario subraya es que estas decisiones combinan componentes legales con cálculo estratégico. Estados Unidos puede argumentar que Petro incumple criterios de cooperación antidrogas, pero también puede decidir que el costo político de mantener las sanciones (erosión de alianzas regionales, debilitamiento de un gobierno que enfrenta presión de la izquierda radical) supera el beneficio de mantenerlas. O lo inverso.
Esto no es novedad en la diplomacia estadounidense, pero cobra relevancia ahora porque la administración Trump ha demostrado disposición a usar sanciones como herramienta de negociación más que como castigo permanente. La pregunta que circula en Bogotá es cuál sería el precio de esa salida: ¿cambios en política antidrogas? ¿Alineamiento en votaciones en Naciones Unidas? ¿Cooperación en asuntos migratorios?
Implicaciones para la región andina
Para Venezuela y Nicaragua, que ya viven bajo regímenes de sanciones estadounidenses más severos, la lección es clara: la discrecionalidad es la regla. Los gobiernos de Nicolás Maduro y Daniel Ortega no pueden esperar que el tiempo o cambios menores en su conducta generen automáticamente una revisión de sanciones. Washington mantiene esas medidas porque responden a decisiones políticas de largo plazo sobre la naturaleza de esos regímenes.
En el caso colombiano, la incertidumbre es diferente pero igualmente desestabilizadora. Petro no enfrenta un régimen de sanciones totales como Venezuela, sino medidas selectivas que afectan transacciones financieras y acceso a mercados. Pero esa parcialidad es precisamente lo que hace la situación más volátil: puede expandirse o contraerse según Washington lo determine.
El costo de la ambigüedad
Para los inversores y las autoridades colombianas, esta ambigüedad tiene un costo real. Las empresas que dependen de transacciones en dólares o que buscan financiamiento internacional enfrentan fricción regulatoria. Los bancos colombianos deben navegar restricciones que no están completamente claras. Y el gobierno, aunque no está bajo sanciones totales, vive bajo una amenaza latente que limita su margen de maniobra diplomático.
La región andina, en conjunto, paga un precio por esta discrecionalidad. Cuando Washington puede activar o desactivar sanciones según criterios políticos, los gobiernos de la región tienen menos predictibilidad para planificar política exterior o cooperación regional. Ecuador, Perú y Colombia comparten desafíos de seguridad y narcotráfico que requieren coordinación, pero esa coordinación se dificulta cuando uno de los actores vive bajo la amenaza de sanciones cuyo levantamiento depende de decisiones que no controla.
Qué viene
La observación del exfuncionario de la OFAC no es un pronóstico, sino una descripción de cómo funciona el sistema. Trump podría decidir en semanas que remover a Petro de la lista es políticamente útil, o podría mantenerla durante años como palanca de presión. Ambos escenarios son legalmente viables.
Lo que Colombia debe entender es que esta no es una situación que se resuelva por acumulación de “buena conducta”. Es una negociación política donde el timing, las contrapartidas y los cálculos de Washington son lo que importa. Mientras tanto, la ambigüedad sigue siendo el costo más alto que paga Bogotá.