¿Es compatible la soberanía republicana con una campaña que se alimenta del respaldo explícito de un gobierno extranjero? La pregunta no es retórica. Cuando Abelardo De La Espriella le escribió a Donald Trump que juntos combatirían “a la izquierda radical” y al crimen transnacional, no estaba intercambiando cortesías diplomáticas. Estaba suscribiendo una lógica de alineación partidaria que trasciende lo electoral y toca fibras sensibles de la res publica colombiana.
La tradición liberal que aquí defendemos ha sido siempre cautelosa con dos extremos: el aislacionismo ingenuo y la subordinación servil. Luis Carlos Galán supo mantener distancia prudente con Washington sin caer en el antiimperialismo de salón; Mockus, en sus mejores momentos, enseñó que la política exterior de un país mediano exige autonomía, no clientelismo. Lo que hemos visto en los últimos días —Trump pidiendo literalmente “salir a votar” por un candidato, calificándolo de “El Tigre” en Truth Social— no tiene precedente funcional en nuestra historia democrática. Ni siquiera el apoyo de Kennedy a Lleras Camargo en 1962, ni el de Reagan a Betancur en 1982, se expresaron con esta desnudez mercantil de la política.
El problema no es el diálogo entre gobiernos afines. El problema es la confusión de planos. Cuando De La Espriella acepta que Trump defina los enemigos de su campaña —“la izquierda radical”— está importando una categoría política norteamericana sin preguntarse si cabe en nuestra realidad institucional. ¿Quién es, exactamente, esa izquierda radical en Colombia? ¿El gobierno actual, saliente, que ha gobernado dentro del marco constitucional aunque con excesos que aquí mismos hemos denunciado? ¿Los partidos que competirán en el Congreso? ¿Los movimientos sociales? La vaguedad no es casual: es funcional a una retórica de guerra cultural que Trump exporta como commodity político.
Tocqueville advirtió que el peligro de las democracias no era la tiranía abierta sino el ablandamiento progresivo de las instituciones por presiones extrañas a su diseño. Colombia no necesita un líder que sea “inspiración” para otro país; necesita un presidente que pueda sentarse con cualquier administración estadounidense, demócrata o republicana, a negociar intereses concretos: extradición, comercio, ambiente, migración. La personalización de la relación bilateral —“usted y yo”, escribió De La Espriella— es precisamente lo contrario de la política exterior profesional que el centro-derecha institucionalista debería promover.
Hannah Arendt, en su análisis del totalitarismo, señaló cómo los movimientos políticos que dependen de enemigos permanentes terminan por no poder gobernar sin ellos. La fórmula “juntos contra X” tiene un costo oculto: obliga a gobernar para la confrontación, no para la institucionalidad. Si el crimen transnacional es, como parece, el único terreno de coincidencia genuina entre ambos discursos, ¿por qué contaminarlo con una categoría política intrascendente para la cooperación judicial efectiva?
Reconozcamos lo que hay: el respaldo de Trump puede movilizar votos en una segunda vuelta ajustada. Pero los colombianos debemos preguntarnos si queremos un presidente que llegue a Casa de Nariño con una deuda simbólica hacia un mandatario extranjero que ha demostrado, en dos administraciones, desprecio por las reglas del juego democrático interno. La independencia no es un lujo romántico; es una condición de negociación. Quien entra al ring con el patrocinario de otro, tarde o temprano deberá pagar el patrocinio.
La derecha colombiana tiene aquí una encrucijada que le es propia. Puede reproducir el modelo brasileño de Bolsonaro —alineación total, réplica de la retórica trumpista, desprecio por los intermediarios institucionales— o puede recuperar una tradición más austera: la de los conservadores que entendieron que la defensa del orden no requiere la abdicación del juicio propio. Plinio Apuleyo Mendoza, con quien no siempre coincidimos, supo criticar al castrismo desde la autonomía intelectual, no desde el manual de campaña del Partido Republicano.
La segunda vuelta del 21 de junio decidirá algo más que un gobierno. Decidirá si Colombia sigue siendo, en el hemisferio, una república que habla con todas las democracias —o una provincia electoral de la polarización norteamericana. El voto es libre; pero las consecuencias de lo que se vota, mutatis mutandis, nos pertenecen a todos.