¿Una semana laboral más corta es siempre una conquista social, o puede convertirse en una ilusión contable cuando el país no ha resuelto primero cómo produce, compite y crece?
Colombia ha transitado en pocos años de las 48 horas semanales —herencia de un modelo laboral que databa del siglo pasado— a las 42 horas actuales. La medida, aprobada con aparente consenso, nos sitúa en una posición intermedia de América Latina: por debajo del estandarizado 44 de México o Chile, pero lejos del experimento argentino de reducción a 40, y muy distante de las flexibilidades reales de países como Uruguay o Costa Rica, donde la norma convive con prácticas de trabajo por objetivos y jornadas fragmentadas. La pregunta no es cuántas horas se declaran, sino cuántas se trabajan, cuántas se pagan y cuántas producen valor real.
La comparación regional, como documenta BBC Mundo, revela una heterogeneidad que desmiente cualquier teleología lineal. Argentina reduce formalmente la jornada mientras su economía atraviesa inflación crónica y estanflación; la norma existe sobre el papel, pero el trabajador informal —más del cuarenta por ciento de la fuerza laboral— no la siente. México mantiene las 48 horas con salarios que no alcanzan la línea de pobreza en zonas del sur. Chile, tras años de debate constitucional, conserva las 44 con un mercado laboral dual donde la precariedad coexiste con la innovación. Ningún caso resuelve el dilema de fondo: la jornada laboral es una variable que solo funciona cuando está articulada con productividad, tecnología y educación.
Tocqueville observó en la América del siglo XIX que la democracia tendía a confundir la igualdad formal con la igualdad real, generando frustraciones que la política no podía satisfacer. Mutatis mutandis, algo similar ocurre con la reducción de la jornada sin las reformas complementarias. Colombia no ha resuelto su brecha de productividad con respecto a los países asiáticos de ingreso medio; su sector agrícola sigue dependiendo de mano de obra de baja calificación; su sistema educativo forma más graduados que competencias. En ese contexto, la reducción de horas puede traducirse en tres escenarios no excluyentes: la informalización creciente, la reducción de ingresos legales, o el mantenimiento encubierto de la jornada anterior mediante horas extras no registradas.
El gobierno actual, es justo reconocerlo, no inventó esta reducción; fue producto de negociaciones legislativas previas que contaron con respaldo multipartidario. Pero tampoco ha construido el andamiaje institucional que la haga sostenible. La política laboral requiere, como enseña la experiencia europea del siglo XX, una correlación entre menos horas y más capital por trabajador. Sin inversión en maquinaria, conectividad y formación técnica, la jornada reducida es una transferencia de costos hacia el empleador que termina pagándose con menos empleo formal o mayor precariedad.
La oposición, por su parte, no ha articulado una crítica consistente al respecto. Algunos sectores empresariales advierten con razón los riesgos de competitividad, pero otros reducen el debate a un costo contable inmediato sin proponer alternativas de productividad. La política colombiana sigue atrapada en la falsa dicotomía entre “derechos laborales” y “flexibilidad empresarial”, cuando la experiencia internacional demuestra que los sistemas más exitosos combinan ambas cosas: la flexibilidad negociada de los países nórdicos, la cogestión alemana, la innovación organizativa de Japón en su mejor momento.
Arendt advertía que las revoluciones sociales fracasan cuando confunden la liberación —la eliminación de un obstáculo— con la fundación de una nueva práctica de libertad. La reducción de la jornada laboral es liberación del exceso; pero sin fundación —sin la construcción de un sistema productivo que sustente esa liberación— corre el riesgo de convertirse en una promesa incumplida que alimenta el cinismo ciudadano. Los colombianos debemos preguntarnos, con honestidad que no exime al gobierno ni absuelve a la oposición, si estamos reduciendo horas para vivir mejor o solo para distribuir más pobreza con igual dignidad formal.
El tiempo libre es la materia prima de la libertad individual; pero solo cuando existe una economía que lo hace posible sin destruir la base material que lo sustenta. En América Latina, donde la informalidad es norma y la productividad excepción, cada hora menos de trabajo obliga a una hora más de reflexión sobre cómo trabajamos.