El presidente electo Abelardo De la Espriella anunció una reestructuración de la Casa de Nariño que, según el reporte de Publimetro, supone la eliminación de la Consejería para la Reconciliación, de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, y de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, creada en 2022. En su lugar quedará un comisionado de seguridad. Las consejerías para la Mujer y para las Regiones sobreviven, aunque serán reestructuradas. Las medidas, de acuerdo con el medio, comenzarán a aplicarse el 7 de agosto.
Como reportó Publimetro, el presidente electo habló de 229 cargos suprimidos y un ahorro estimado en 10.000 millones de pesos anuales, recursos que, en sus palabras, se reorientarán a programas sociales. La cifra es modesta frente al presupuesto general de la Nación, pero políticamente significativa: el rediseño no es lineal sino selectivo, y deja en suspenso a cientos de contratistas y funcionarios de las entidades mencionadas. Entre las agencias enlistadas por el presidente electo aparecen APC-Colombia, la ARN, la UNGRD y la Agencia Virgilio Barco, aunque no confirmó cuáles desaparecerán en primera instancia.
La nota de Publimetro registra además que De la Espriella cuestionó dos decisiones recientes de la Jurisdicción Especial para la Paz: la autorización de viaje a España a Rodrigo Londoño, tras la ratificación del fallo contra el antiguo secretariado de las Farc por crímenes de guerra y de lesa humanidad, y el reintegro de Pilar Rueda, esposa del senador Iván Cepeda, a esa jurisdicción. En palabras del presidente electo recogidas por el medio, la JEP “le da refugio al entorno familiar del mal perdedor”. Es un lenguaje inhabitual en un jefe de Estado hacia un poder independiente, y merece lectura cuidadosa: la JEP fue creada por la Constitución y sus decisiones solo pueden revisarse por las vías judiciales ordinarias.
De la Espriella descartó, según el mismo reporte, cualquier proceso de negociación con grupos armados durante su gobierno. Es una ruptura deliberada con la política de dos décadas que alternó presión militar y diálogos políticos. El éxito de esa línea se evaluará con datos: qué pasa con los frentes activos, con las disidencias, con el ELN, con las economías ilegales que financian la violencia. Por ahora solo hay declaración de intenciones.
La columna vertebral de esta reforma es financiera y administrativa, pero el verdadero rediseño es el de la política de seguridad. Eliminar la Consejería para la Reconciliación no es un ajuste contable; es redefinir el rol del Estado frente a quienes dejaron las armas y frente a quienes nunca las entregaron. Por la pendiente que muestra esta primera semana de empalme, el gobierno entrante apostará por la fuerza pública profesional, por la judicialización y por la reducción del margen político de las organizaciones armadas. La pregunta es si la institucionalidad resultante tendrá la capacidad operativa para sostener esa línea sin contrapesos.