Abelardo De la Espriella, según las actas de la Registraduría citadas por la prensa nacional, será el próximo presidente de Colombia a partir del 7 de agosto. En su primer mensaje como presidente electo, divulgado en video la noche del 13 de julio, eligió como destinatario a Rodrigo Londoño, presidente del partido Comunes y ex comandante de las Farc. Sus palabras, textual: “Ese bandido de ‘Timochenko’ merece estar preso de por vida” y anunció que “trabajará por ello” desde la Casa de Nariño.
La respuesta llegó en menos de 24 horas. Gloria Cuartas, directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, solicitó a la Fiscalía General de la Nación investigar al entonces presidente electo por los delitos en que “haya podido incurrir” con esos señalamientos, y a la Corte Constitucional activar los mecanismos de protección del Acuerdo de 2016. Como reportó El Heraldo, Cuartas sostuvo que De la Espriella “desconoce 10 años de un largo proceso” y que su estilo “llama a la confrontación y la muerte”.
Hay tres asuntos que conviene separar.
Primero, el derecho a la crítica política. Un jefe de Estado puede disentir del proceso de paz, calificarlo de error estratégico y proponer reformas al marco vigente. Esa es la discusión democrática ordinaria. Pero hay una distancia —que la Constitución y la jurisprudencia de la Corte Interamericana han delimitado con claridad— entre cuestionar una política pública y dirigir ataques personales contra un ciudadano por hechos sobre los cuales existe una decisión judicial y legislativa de cierre.
Segundo, el estado jurídico de Londoño. El ex comandante guerrillero se acogió al Acuerdo Final, compareció ante la Jurisdicción Especial para la Paz, fue acreditado como firmante y hoy dirige una organización política legal. Cualquier revisión de su situación debe tramitarse por los canales institucionales —la JEP, la Comisión de Acusaciones si correspondiera, la justicia ordinaria en caso de hechos nuevos— y no por declaraciones desde un atril presidencial. La Fiscalía, en ese escenario, es la llamada a establecer si las palabras de De la Espriella configuran alguna conducta tipificada, y esa evaluación, según la funcionaria, ya fue formalmente solicitada.
Tercero, la señal que un presidente envía en sus primeras 72 horas. Un gobierno que arranca prometiendo cárcel de por vida para un líder de un partido legal instala una premisa delicada: que el Ejecutivo puede convertirse en acusador y juez de un adversario político. La separación de poderes no es un tecnicismo; es la herramienta que evita que la disidencia termine en un calabozo sin debido proceso. El gobierno actual incurrió con frecuencia en retóricas similares. Sería grave que la respuesta a esa deriva sea su continuidad, ahora con escalamiento.
La solicitud de Cuartas a la Corte Constitucional también merece atención. El alto tribunal ya se pronunció en las Sentencias C-080 de 2018, C-112 de 2019 y en el Auto 007 de 2023 sobre la obligatoriedad del Acuerdo y los derechos de los firmantes. Activar esos precedentes no es un capricho de la funcionaria: es la vía institucional para que un eventual exceso de quien asume el poder encuentre un límite antes de convertirse en política de Estado.
Colombia ha visto a mandatarios felicitarse por la captura de extraditables, por encarcelamientos masivos y por discursos de mano dura que después se midieron en sentencias de la Corte Penal Internacional. La pregunta no es si De la Espriella tiene derecho a opinar sobre Timochenko —lo tiene—. La pregunta es si está dispuesto a hacerlo dentro del ordenamiento que jurará defender el 7 de agosto, o si su primer acto será pedir, desde la presidencia, lo que solo un juez puede ordenar.
Por lo pronto, hay una solicitud formal de investigación penal cursada ante la Fiscalía. La pelota está en la cancha de la entidad que dirige la señora fiscal general. El país estará mirando.