Tres días. Ese fue el tiempo que separó el asesinato del periodista Cristian Hernando Herrera Nariño, ocurrido el 6 de junio en el barrio Quinta Oriental de Cúcuta, y la captura de tres personas señaladas como presuntas implicadas en el crimen. La velocidad operativa, según reportó La Opinión de Cúcuta, corresponde a un trabajo articulado entre el CTI de la Fiscalía y la Sijín de la Policía Metropolitana de Cúcuta.
De acuerdo con la información publicada por ese medio, los detenidos fueron identificados con los alias de Demonio, Wilmer y Angélica. La Policía Nacional señaló, a través del director de esa institución, general William Oswaldo Rincón Zambrano, que entre los capturados estaría el presunto sicario que ejecutó el ataque, mientras los otros dos habrían cumplido roles de apoyo operativo. La versión institucional indica que las capturas fueron posibles por labores de inteligencia e investigación criminal. Los tres serán presentados ante un juez de control de garantías, donde una fiscal de la Seccional Norte de Santander les imputará los delitos de homicidio en circunstancias de agravación punible y los previstos en la normatividad sobre armas de fuego, accesorios y municiones.
Herrera, según reportó La Opinión, era reportero judicial de Norte de Santander y formaba parte del consejo directivo de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP). Cubría, por oficio, expedientes sensibles. Fue atacado a tiros frente a la vivienda de su suegra y recibió ocho impactos de bala: tres en el torso, el resto en extremidades. Murió minutos después. El caso motivó el ofrecimiento de recompensa y reacciones de rechazo en distintos sectores del país.
Reconocer la velocidad del resultado es razonable, pero insuficiente. La captura del brazo operativo no agota la investigación. En los crímenes contra periodistas, la pregunta determinante es siempre la misma: ¿quién mandó? En Colombia, la cadena de mando detrás de un sicario rara vez se rompe con la sola aprehensión de quien apretó el gatillo. La Fiscalía deberá acreditar la trayectoria del arma, los eventuales vínculos de los capturados con estructuras criminales, las líneas de financiación y, sobre todo, el móvil. Un periodista judicial almacena información sensible sobre contratación, política regional y grupos armados; la sola condición profesional de Herrera volvía el caso, por defecto, de interés nacional.
Hay un segundo elemento que no debe perderse de vista. La nota de La Opinión consigna que la diligencia fue comunicada por el director de la Policía, general William Oswaldo Rincón Zambrano, y replicada por Noticias Caracol en redes sociales. Es habitual que la fuerza pública difunda resultados en horario noticioso. Pero la publicidad prematura de capturas puede chocar con el deber de reserva sobre líneas activas de investigación. El equilibrio entre comunicación institucional y secreto sumarial es exigente, y corresponde a la Fiscalía marcarlo.
También pesa el contexto. Cúcuta es plaza caliente de disputas entre estructuras criminales que se mueven a ambos lados de la frontera. Los reporteros que cubren la criminalidad en esa zona trabajan con restricciones que en las ciudades centrales no se perciben. Por eso el asesinato de Herrera reabrió, con razón, el debate sobre el esquema de protección a periodistas. La Unidad Nacional de Protección (UNP) debe informar si Herrera contaba con medidas vigentes, si habían sido renovadas y, en caso afirmativo, por qué no funcionaron.
Una columna sobre este caso no puede terminar en el elogio. ¿La velocidad de las capturas es un indicador de capacidad institucional o el capítulo inicial de un expediente que se cierra con condenas leves por acuerdo con la Fiscalía, mientras los autores intelectuales quedan en la sombra? La Bitácora seguirá el caso, pedirá expediente y pedirá nombres.