La Fiscalía General de la Nación confirmó este martes la captura de tres personas en el marco de la investigación por el asesinato del periodista Cristian Herrera, ocurrido el 6 de junio en el barrio Quinta Oriental de Cúcuta, según reportó Publimetro. La diligencia fue adelantada por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la Sijín de la Policía Metropolitana de esa ciudad.
De acuerdo con el comunicado del ente investigador, entre los detenidos se encuentra el señalado sicario. Las otras dos personas, un hombre y una mujer, según la Fiscalía, “estarían implicadas en actividades relacionadas con logística y transporte”. Las capturas se materializaron tres días después del crimen.
En las próximas horas, una fiscal de la Seccional Norte de Santander presentará a los capturados ante un juez penal de control de garantías. Los cargos anunciados son homicidio agravado y el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, sus partes, accesorios y municiones, conforme a la información oficial.
El caso ha puesto bajo escrutinio la situación de los periodistas en zonas de frontera. La esposa del comunicador, Karla Niño, declaró a Blu Radio, en una versión reproducida por Publimetro, que la víctima fue asesinada frente a ella y a su hija. Según el mismo reporte, la pareja se había desplazado ese día sin esquema de seguridad por motivo de una diligencia.
La ausencia de protección oficial en zonas de alto riesgo para el ejercicio periodístico es un dato que la investigación debe esclarecer. ¿Cuál era la evaluación de riesgo vigente? ¿Qué instancia tomó la decisión de prescindir del esquema ese día y con base en qué criterio? ¿Existen registros de amenazas previas contra Herrera?
Colombia enfrenta un patrón documentado de violencia contra la prensa. Reporteros Sin Fronteras y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) han registrado un aumento sostenido de agresiones contra comunicadores en departamentos como Norte de Santander, Arauca, Cauca y Putumayo, como se ha documentado en informes periódicos de ambas organizaciones. La captura de los tres presuntos responsables es un primer paso procesal, pero no agota las preguntas que el caso deja abiertas.
¿Qué móvil se atribuye al crimen? ¿Hay indicios de vínculos de los detenidos con estructuras criminales organizadas que operan en la frontera con Venezuela? ¿Qué protocolos de protección estatal estaban vigentes y por qué no operaron en la jornada del sábado?
La audiencia de imputación de cargos ante el juez de control de garantías será la primera prueba de fondo del proceso. La Fiscalía deberá exhibir un acervo probatorio que sostenga tanto la tesis del sicariato como la participación logística de los otros dos capturados. Si la acusación se sostiene en sus etapas preliminares, se habrá cumplido un trámite; el verdadero juicio sobre la eficacia del aparato de justicia llegará con la sentencia.
Por ahora, el hecho cierto y documentado es que Cristian Herrera fue asesinado frente a su familia. El esclarecimiento del crimen, la identificación de los determinadores y la revisión de los protocolos de protección que se encontraban vigentes ese día son responsabilidades que ninguna captura, por sí sola, puede sustituir.