Iván Cepeda Castro anunció desde Barranquilla, el 15 de junio, la presentación de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra el abogado Abelardo de la Espriella. La información fue reportada por La Nación de Neiva, que publicó los detalles de la acción.
Según el mismo medio, la denuncia se refiere a un contrato de 18.000 millones de pesos con Salud Vida EPS —entidad liquidada por la Superintendencia Nacional de Salud— y, de acuerdo con la hipótesis planteada por el denunciante, comprometería más de 164.000 millones de pesos en activos, con eventuales afectaciones a 1,6 millones de usuarios del sistema de salud. La Nación de Neiva precisa que la solicitud busca esclarecer la posible comisión de cinco tipos penales que la nota periodística enumera tal como aparecen en el Código Penal colombiano.
De acuerdo con el reportaje de La Nación, los dos primeros tipos pertenecerían al régimen penal económico, mientras los dos últimos están tipificados como delitos contra la administración pública. Esa distinción es relevante para trazar la ruta procesal: si la Fiscalía llega a imputar cargos por peculado, la instrucción podría extenderse a eventuales funcionarios que hayan intervenido en la cadena de contratación, según la lógica que el propio código penal establece para esas figuras.
Hay dos elementos del expediente que merecen lectura cuidadosa. El primero es la elección de la vía penal por encima de una solicitud formal ante la Superintendencia Nacional de Salud o un informe de la Contraloría. Esa decisión, reportada por La Nación, deja la competencia inicial en manos de la Fiscalía y, eventualmente, de un juez de conocimiento, y desplaza el caso del debate administrativo al debate judicial.
El segundo elemento es el contexto. La denuncia fue presentada por un candidato presidencial en plena campaña, según consta en la nota de La Nación de Neiva. Cualquier ciudadano tiene derecho a denunciar, y la condición electoral del denunciante no invalida la acción. Pero sí introduce un componente político que el ente acusador deberá separar del fondo técnico, como ocurre con cualquier denuncia que llega en año electoral.
La vocera del Pacto Histórico, María José Pizarro, confirmó la presentación a través de su cuenta en X, mensaje que fue replicado en la nota de La Nación de Neiva. Esa comunicación pública, según analistas consultados en otras oportunidades por este medio, suele dificultar la reserva del expediente y expone a la Fiscalía a responder con rigor en un caso con alto despliegue mediático.
Quedan ahora decisiones que corresponden exclusivamente a la Fiscalía: abrir indagación preliminar o archivar por inexistencia de elementos suficientes. El tiempo que tome esa primera decisión, en casos de contratación en salud, suele ser leído como señal. La pregunta, formulada en términos de pauta general, es si el sistema penal colombiano está en condiciones de investigar a un contradictor electoral sin que el caso se lea como persecución, ni la reserva del expediente se rompa antes de la primera providencia. La respuesta no la dará el columnista; la dará la Fiscalía con su primera actuación formal, en un año en el que el expediente entra a la agenda pública antes de entrar al sistema penal.