A diez días de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio de 2026, la campaña de Iván Cepeda Castro anunció que interpondrá denuncias penales en las próximas horas contra el candidato Abelardo de la Espriella, de Defensores de la Patria. La razón: una serie de señalamientos públicos sobre una presunta compra de votos a favor del aspirante del Pacto Histórico, formulados por el abogado en su cuenta de X y en una entrevista con la revista Semana.
Según reportó Infobae Colombia, De la Espriella mencionó a un listado heterogéneo de personas que, en sus palabras, integrarían la red de movilización irregular de electores. Entre ellos aparecen el exsenador Mario Fernández Alcocer —primo de la primera dama Verónica Alcocer—, la congresista Isabel Cristina Zuleta, el senador Carlos Andrés Trujillo, el excongresista Julián Bedoya, la representante María Eugenia Lopera, el representante Carlos Felipe Quintero, Martín Moreno, cacique mayor del resguardo zenú de San Andrés de Sotavento, e integrantes de la llamada “Mesa de Paz de la cárcel de Itagüí”. El candidato no presentó, hasta el momento, soportes documentales de sus afirmaciones.
El compromisario de la campaña de Cepeda, el representante Gabriel Becerra, calificó los señalamientos como un “ataque” orientado a “tratar de ganar respaldos que no ha logrado en primera vuelta”. Becerra, presidente de la Comisión Primera de la Cámara, sostuvo que la denuncia de compra de votos sería instrumental: un pretexto para explicar un eventual mal resultado en la Costa Caribe. Y agregó que la supuesta estigmatización “no está acompañada de ninguna prueba”.
Lo cierto es que, en medio de la recta final, la estrategia de De la Espriella presenta una debilidad estructural evidente: formular acusaciones de esta gravedad sin material probatorio las convierte, en el lenguaje del Código Penal colombiano, en potenciales conductas de injuria y calumnia. Quintero, uno de los salpicados, ya anunció que se sumará a la denuncia. Varios de los mencionados —alcaldes menores, líderes zenúes, congresistas con fuero— tienen derecho a réplica y a las acciones judiciales correspondientes, y el ejercicio de ese derecho es, en sí mismo, una señal de que el episodio puede terminar en los despachos de la Fiscalía antes que en el debate público.
Hay un segundo elemento que merece atención. De la Espriella también lanzó Pullas contra la dirigencia de la Costa Caribe, al señalar que la campaña de Cepeda dependería de “estructuras de la Costa” vinculadas al Pacto Histórico. Becerra reviró y sostuvo, en el mismo sentido, que el candidato de Defensores de la Patria estaría respaldado por “clanes políticos” del Atlántico y el Cesar. De la Espriella, por su parte, niega cualquier vínculo con maquinarias tradicionales. Quedan así dos relatos cruzados, cada uno apuntando al otro como producto de maquinarias regionales. Sin evidencia pública contrastable, el elector enfrenta un problema clásico de la política colombiana: acusaciones recíprocas, ninguna demostrada.
Desde el punto de vista institucional, la situación obliga a tres movimientos. Primero, que la Fiscalía y, en lo pertinente, la Procuraduría establezcan si existe mérito para abrir indagaciones preliminares por las conductas denunciadas —tanto las de De la Espriella como las que surjan de la denuncia penal anunciada—. Segundo, que los medios de comunicación verifiquen de forma independiente la trazabilidad de los recursos y la eventual presencia de esquemas sistemáticos de presión al elector en Sucre y Antioquia, departamentos mencionados por el candidato. Tercero, que las campañas ofrezcan información verificable sobre sus estructuras de financiación y despliegue territorial, en cumplimiento de los topes y obligaciones de reporte ante el Consejo Nacional Electoral.
Una campaña presidencial no puede sustentarse en la repetición de nombres propios sin pruebas. Tampoco puede responderse a una denuncia con otra denuncia, en un juego de espejos que sustituye la deliberación democrática. A menos de dos semanas de la segunda vuelta, los colombianos merecen una discusión centrada en propuestas verificables y en el contraste de hojas de vida, no en una sucesión de señalamientos cruzados que probablemente se resolverán en los estrados judiciales durante los próximos meses.
Por ahora, la carga de la prueba —legal, periodística y política— recae sobre quien acusa. Mientras esa prueba no aparezca, lo que circulan son hipótesis de trabajo de una campaña en busca de oxígeno en la recta final.