Una semana para convertir la denuncia en prueba
Faltan días para la segunda vuelta presidencial y la campaña ha entrado en la zona donde las acusaciones reemplazan a las propuestas. Abelardo de la Espriella, candidato opositor, cerró su campaña en Buga con un discurso de más de 40 minutos en el que afirmó que en 46 de los 64 municipios de Nariño y en 36 de los 42 municipios del Cauca existen presiones armadas sobre los votantes. Según reportó Infobae Colombia, el candidato vinculó esas presiones con resultados electorales atípicos a favor de su rival, Iván Cepeda, y apuntó directamente al gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar Jaramillo, del Pacto Histórico.
La denuncia no es menor. Si lo que el candidato describe es cierto —coacción de grupos armados, exigencia de fotografías del tarjetón como salvoconducto, resultados cercanos al 95% en algunas zonas— estamos ante una de las alteraciones más graves del proceso electoral reciente. Pero la gravedad del señalamiento es justamente el argumento para exigir que la denuncia se separe de la arenga.
Lo que la fuente afirma y lo que falta
De la Espriella mencionó como estructuras coaccionadoras a las disidencias de las Farc, específicamente a la facción de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, y al Clan del Golfo. Citó municipios puntuales de la costa pacífica nariñense —Mosquera, Roberto Payán, Tumaco, Timbiquí, Guapi, López de Micay— y de la cordillera como Taminango, Policarpa y Ricaurte. La cifra agregada de 82 municipios bajo presión coincide, según el candidato, con zonas donde la votación por Cepeda habría alcanzado registros que, en sus palabras, van del 70% al 95%.
Hasta aquí, lo que se conoce es la versión del candidato en un acto proselitista. No hay, en lo que Infobae reproduce, un reporte de la Misión de Observación Electoral, ni un boletín de la Defensoría del Pueblo, ni un pronunciamiento de la Registraduría sobre hallazgos en esos municipios. Tampoco se conoce respuesta pública del gobernador Escobar Jaramillo ni de los comandos de las Fuerzas Militares con jurisdicción en la zona.
Por qué importa la separación
Un candidato presidencial puede denunciar lo que considere pertinente. La Constitución se lo garantiza. Pero cuando la denuncia se lanza desde una tarima, sin documentación adjunta, y se mezcla con la descalificación personal del adversario y con anuncios de gobierno como declarar a esos grupos “objetivo militar”, el riesgo es doble.
Primero, se trivializa la denuncia. Si todo lo que se dice en campaña queda en el mismo registro retórico, las acusaciones graves pierden peso institucional. Segundo, se politiza la respuesta de seguridad. Una operación militar contra el Clan del Golfo o contra las disidencias de Calarcá no puede planearse, ejecutarse ni evaluarse desde la lógica del cierre electoral. La fuerza pública profesional opera por inteligencia, no por arenga.
La ruta que corresponde
Si la Fiscalía, la Procuraduría o la Defensoría consideran verosímil lo denunciado por De la Espriella, corresponde abrir de inmediato indagaciones preliminares en los municipios señalados, custodiar el material electoral y garantizar que el voto del 7 de junio —o la fecha que corresponda en el calendario oficial— se ejerza sin coacción. La Registraduría tiene la palabra técnica sobre las anomalías que, según el candidato, se habrían presentado en la primera vuelta.
La denuncia de un candidato no sustituye al expediente. Y un proceso electoral no se defiende con frases de tarima, se defiende con presencia institucional, observación y, cuando corresponda, con la fuerza pública sometida al ordenamiento constitucional. Eso es, precisamente, lo que está en juego en esta segunda vuelta.