A nueve días de la segunda vuelta del 21 de junio, la elección presidencial se ha desplazado de los planes de gobierno a los estrados judiciales. El Consejo de Estado resolvió la controversia sobre la presunta inhabilidad del candidato Abelardo De La Espriella, y en paralelo el Tribunal Superior de Bogotá ordenó retirar de su propaganda los símbolos patrios y el eslogan “Firmes por la patria”. El cuadro, según reportó Infobae Colombia, es el de una campaña donde el litigio marca la agenda tanto como las encuestas.
El Consejo de Estado cerró provisionalmente el debate sobre la elegibilidad del candidato conservador, luego de que exmagistrados y constitucionalistas advirtieran que su nacionalidad estadounidense podría impedirle ejercer la Presidencia. El abogado de De La Espriella, en entrevista con Infobae, sostuvo que la ley respalda su aspiración. Por separado, la Corte Suprema había fallado previamente una tutela contra el aspirante por el uso de símbolos patrios, con base en un precedente de 2025. Una jueza de inferior instancia tumbó después la prohibición de usar la camiseta de la selección Colombia, lo que abrió un nuevo round de recursos.
En este escenario, cabe preguntarse hasta dónde la judicialización de la campaña empuja a los equipos a litigar más que a proponer. La excandidata presidencial Claudia López rechazó el fallo y comparó en redes al candidato a la Vicepresidencia José Manuel Restrepo con Montgomery Burns, de Los Simpson, según registró Infobae. La senadora electa María Claudia Posada, del Centro Democrático, sostuvo por su parte que “la bandera de Colombia no tiene color político” y que la decisión merece una profunda reflexión sobre las garantías democráticas. El exfiscal Francisco Barbosa calificó la providencia del Tribunal Superior de “censura judicial” y anunció que la campaña denunciará al magistrado ponente.
En el mismo frente, la Registraduría Nacional, a cargo de Hernán Penagos, emitió alertas públicas sobre la circulación de videos que, según la autoridad, intentarían demostrar una alteración de resultados en mesas del exterior, en Orlando, Miami y Los Ángeles. El registrador explicó que las jornadas en el exterior se desarrollan de lunes a domingo y que los formularios E-14 difundidos corresponden a votaciones de días distintos, por lo que no acreditarían fraude alguno. Según Penagos, la desinformación “está allanando un camino hacia la violencia en Colombia”, razón por la cual insistió en consultar únicamente los canales oficiales. La advertencia es pertinente en un proceso donde la velocidad de las redes suele superar la verificación.
La campaña tampoco escapó a la justicia penal. Infobae reportó que la candidatura de Iván Cepeda denunció penalmente a De La Espriella ante la Fiscalía y la Corte Penal Internacional por presunta financiación a grupos paramilitares. De La Espriella, según el mismo medio, calificó la denuncia de “falsas denuncias” y respondió al candidato con la expresión “payaso”. El ex presidente Álvaro Uribe, en declaraciones recogidas por Infobae, acusó a Cepeda de comprar testigos para manipular la justicia; se trata de una acusación que, hasta donde se conoce, no ha sido acreditada judicialmente. En el costado institucional, la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, presidida por Gloria Arizabaleta, suspendió del cargo al presidente Gustavo Petro, decisión que el propio Ejecutivo cuestionó como una extralimitación, y cuya viabilidad es debatida por constitucionalistas.
Lo que queda es un electorado convocado a decidir entre dos proyectos en medio de una atmósfera donde cada acto de campaña puede terminar en tutela o en denuncia penal. La discusión sobre las propuestas económicas, educativas y de seguridad, sobre la que Infobae publicó un informe con vacíos en la oferta educativa de ambos candidatos, ha sido desplazada por la disputa por los símbolos y por la lectura que cada bando hace de la Constitución. Cuando la bandera se vuelve argumento judicial y el tarjetón un campo de tutela, la calidad de la deliberación democrática se resiente.
Faltan nueve días. La ciudadanía recibirá una nueva prueba de su capacidad de separar el ruido de la propuesta. La institucionalidad, en particular el Consejo de Estado y la Registraduría, tiene en sus manos la responsabilidad de mantener el cauce. Lo demás depende del voto.