El candidato presidencial Abelardo De La Espriella aseguró, en una transmisión por sus plataformas digitales, que recibió información sobre una presunta estructura de compra de votos en varios departamentos del Caribe, de cara a la segunda vuelta del 21 de junio. Como reportó Diario del Norte, la declaración no estuvo acompañada de nombres, montos ni de documentos entregados a la Fiscalía o a la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Una afirmación de esa gravedad, en plena campaña, obliga a separar tres planos que suelen mezclarse en el debate público. El primero es el hecho noticioso: un aspirante a la Presidencia sostiene que existe una operación sistemática de compra de sufragios. El segundo es la prueba: qué evidencia se ha puesto en manos de las autoridades competentes. El tercero es el efecto político: qué busca quien formula la denuncia en ese momento y por ese canal.
Sobre el primer plano hay poco que añadir. De La Espriella habló; los medios replicaron. Sobre el segundo, la situación es más delicada. La compra de votos es un delito tipificado en el Código Penal colombiano, contemplado en el artículo 390 de la Ley 599 de 2000, con penas de hasta ocho años de prisión y multas significativas. Si un candidato tiene conocimiento de una red en operación, el camino institucional es la denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación, eventualmente con solicitud de medida cautelar para proteger testigos y material probatorio, y la comunicación formal a la Misión de Observación Electoral, tanto la nacional como la de la OEA, presente en el país. No la transmisión en redes.
La diferencia no es cosmética. Una transmisión en vivo genera clics, alimenta la conversación en redes y mueve sondeos de intención de voto. Una denuncia penal con radicado genera, en el mejor de los casos, una noticia criminal con número de proceso, posibles interceptaciones y eventualmente capturas. Lo primero puede ser cierto o puede ser cálculo electoral; lo segundo se somete a la prueba judicial y al contradictorio. Mientras esa denuncia formal no exista, lo que circula es la palabra de un candidato en un contexto de máxima competencia política.
Esto conecta con el tercer plano. La segunda vuelta entre el candidato del Pacto Histórico y De La Espriella se disputa, según las encuestas disponibles, por márgenes estrechos en regiones como Atlántico, Bolívar, Magdalena y Cesar. La región Caribe es, además, escenario histórico de lo que la Misión de Observación Electoral ha documentado como zonas con riesgos estructurales de fraude y clientelismo electoral: transporte de votantes, suplantación, oferta de bienes a cambio del voto y presión de actores armados sobre comunidades. No es un secreto: está en los informes públicos de la MOE desde hace al menos una década. Cualquier afirmación sobre el particular opera sobre un terreno donde la sospecha tiene base documentada.
Dicho esto, lo mismo corre para cualquier competidor. Si la afirmación es cierta, debe probarse. Si es falsa o exagerada, el costo reputacional debe recaer sobre quien la formuló sin sustento. La política colombiana arrastra una larga tradición de denuncias cruzadas en época electoral que nunca llegan a estrados judiciales y que, sin embargo, condicionan la lectura pública de los resultados. La Comisión de Garantías Electorales, la Procuraduría y la Fiscalía deberían pronunciarse de oficio: abrir indagación preliminar con el material que se ofrezca, o recordar las consecuencias de formular acusaciones graves sin respaldo.
También corresponde exigirle al candidato la prueba. No para silenciarlo, sino para que la denuncia tenga consecuencias. La política no se fortalece con declaraciones solemnes que no llegan a los juzgados; se fortalece cuando la justicia penal electoral funciona y cuando los competidores aceptan el veredicto institucional. Hasta entonces, lo que circula es un rumor con megáfono.
El 21 de junio los votantes del Caribe sufragarán. Que lo hagan con cédula y con información verificada, no con sobreprecio.