A dos semanas de las elecciones, la campaña de Iván Cepeda divulgó el documento programático que ordena su oferta presidencial en torno a tres ejes: una llamada “revolución ética”, una transformación social y económica, y una “revolución política” orientada a la participación ciudadana. El plan, conocido a través de Infobae Colombia, incluye decisiones políticas que merecen lectura detenida, empezando por las que el propio texto omite.
Lo primero que salta a la vista es el abandono explícito de dos banderas del gobierno actual: la convocatoria a una asamblea constituyente y cualquier reforma al Banco de la República. No se trata de un matiz. Es una rectificación pública de la línea que el progresismo venía enarbolando desde 2022. Quien aspire a suceder a Petro debe explicar por qué esos dos instrumentos, presentados hace cuatro años como insustituibles, ahora son descartables. La respuesta plausible es electoral: ambos costaban apoyos en el centro y en los mercados. Pero esa es una razón que el documento no escribe, aunque el lector avezado la deduce.
En materia económica, la propuesta más concreta es la indexación del salario mínimo a la productividad. Es un giro relevante frente a la tradición reciente, que ha privilegiado incrementos por encima de la inflación y de los indicadores de productividad sectorial. La fórmula, si se aplica con rigor técnico, puede ofrecer sostenibilidad fiscal y previsibilidad empresarial; si se aplica con discrecionalidad política, replicará el mismo problema que dice resolver. El texto no precisa el mecanismo, lo que deja abierta la puerta a la arbitrariedad. Un plan de gobierno que pretende ordenar la economía por tres décadas debería, como mínimo, definir la variable, el periodo de medición y la autoridad encargada del cálculo.
El capítulo rural plantea sumar un millón de hectáreas a procesos de redistribución, una meta ambiciosa que exige responder preguntas que el documento no aborda. ¿Con qué presupuesto? ¿En qué ventana? ¿Bajo qué figura jurídica, compra directa, expropiación, negociación? La creación de una “Alianza Nacional Alimentaria” para integrar producción campesina al consumo interno suena razonable, pero ya existieron esquemas similares en décadas pasadas con resultados mixtos. Conviene evaluar, antes de celebrar, la trazabilidad de los recursos y la capacidad técnica del Estado para ejecutarlos.
En el frente institucional, el programa promete un “sistema especializado contra la macrocorrupción” capaz de “desmantelar redes mafiosas”. La definición es genérica. Colombia ya cuenta con la Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría y la UIAF, además de la Jurisdicción Especial para la Paz. Anunciar un aparato nuevo sin precisar su naturaleza orgánica, su coordinación con los existentes y su régimen de transición abre la sospecha de que se trate, en el mejor caso, de una herramienta descoordinada, y en el peor, de un instrumento de presión sobre los otros poderes. La referencia a “reducir salarios de altos funcionarios” merece, igualmente, cifras y tramos: una reforma de ese tipo requiere simulación presupuestal y estudio de impacto en la retención de talento público, no consignas.
El lenguaje del plan recurre con frecuencia a categorías morales: “dignidad”, “ética”, “solidaridad”, “recuperar lo público”. Son términos que movilizan adhesiones, pero que también han sido utilizados por gobiernos anteriores con resultados opuestos a los prometidos. La honestidad intelectual exige pedirle a cualquier candidatura, incluida esta, que cada consigna venga acompañada de indicador, meta verificable y responsable institucional.
Hay, con todo, elementos atendibles. La defensa del Banco de la República como entidad independiente es una posición de sensatez que esta columna celebra. La priorización de la política antidiscriminación con enfoque étnico y de género, la reparación a víctimas y la economía del cuidado responden a deudas históricas del Estado colombiano. También es positivo que el programa se abra a la interlocución con sectores diversos y proponga un “gran acuerdo nacional”, aunque la viabilidad de ese pacto dependerá menos del texto y más de la disposición de los firmantes.
El saldo de lectura es mixto. Cepeda ofrece un documento que se distancia del actual gobierno en los puntos donde la opinión moderada lo exigía, pero incurre en vaguedades peligrosas en los puntos donde se requiere precisión técnica. Quien aspire a la Presidencia no compite solo con un adversario: compite con la herencia de promesas incumplidas. La barra, por lo tanto, está en los detalles que el plan aún no escribe.